Con una fuerte movilización en las inmediaciones de la Legislatura porteña y con críticas de la oposición, el interbloque oficialista de Juntos por el Cambio (JxC) aprobó este jueves por la tarde la ley del «Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo», que dará beneficios impositivos a empresas que se instalen en cuatro barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires: Rodrigo Bueno, Villa 20, Playón de Chacarita y Padre Mugica, donde la iniciativa interviene sobre terrenos que están en conflicto (aún irresuelto) con Nación. También conocida como «Ley Farmacity», el nuevo marco legal es rechazado por habitantes de los barrios porque perjudica a los pequeños comerciantes y favorece a las cadenas comerciales como Rapipago o Carnicerías Res.

La sesión fue una de las más calientes del año y estuvo cerca de terminar a las trompadas. Después de llamar «inútil» y «ñoqui» al legislador del FdT Javier Andrade, Roberto García Mortián se levantó de su banca para pelearse.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Minutos antes y a los gritos, el Marido de Pampita había embestido contra los legisladores peronistas. Acusó a la bancada peronista de «lucrar» con los pobres. Además «habló de la bajeza intelectual de los compañeros del Frente de Todos», pero reconoció que si no se modifica la ley aprobada el jueves, las empresas grandes recuperarán antes del dinero que las más chicas y a la hora de la votación rechazó ese artículo.

«Ellos están en la banca y ustedes reciben el plancito, fíjense cómo los usan», le dijo a los representantes de barrios populares que estaban en las gradas.

Más allá del incidente la norma fue aprobada. Mientras los bloques que integran JxC -Vamos Juntos, UCR-Evolución, Republicanos Unidos y Partido Socialista- votaron a favor de la ley, se manifestaron en contra los bloques opositores del Frente de Todos y la Izquierda. La Libertad Avanza, en tanto, se abstuvo.

De esta forma, la iniciativa quedó aprobada con 32 votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones.

Argumentos

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Gimena Villafruela (oficialista) aseguró que “la radicación de empresas privadas en los barrios populares viene a fomentar la integración económica y principalmente la generación de empleo, lo cual representará sin lugar a dudas un aumento significativo de las fuentes de trabajo, y también una mayor oferta de bienes y servicios que incluso atraerá nuevos consumidores a los barrios”.

En relación a este proyecto, Claudia Neira (FdT) advirtió que “esta es una ley que perjudica a los comercios de los cuatro barrios que contempla porque lo que establece es un beneficio impositivo que impacta de forma desigual depende de quien lo utilice. ¿Cuánto puede descontar de IIBB un monotributista o una PyME? No van a poder descontar casi nada, pero si hablamos de una gran empresa va a poder descontar muchísimo y van a poder descontar el alquiler que, en la mayoría de los casos, es concesionado por el Estado” y consideró que “es una competencia desleal porque se les da beneficios a grandes empresas y que vengan a invertir gratis, porque después lo descuentan de los impuestos. No tenemos más nada que discutir después de esto”.

Mientras que la legisladora del FIT Alejandrina Barry lanzó: “¿Es un chiste? ¿Hay muchos vecinos que tengan plata para invertir? Si ni el Gobierno de la Ciudad ni el de la Nación hacen algo para terminar con el problema de la pobreza que está en crecimiento. ¿Y si en vez de esta ley buscamos ayudar a las cooperativas? El proyecto también habla de que se promueven la instalación de clínicas cuando a los barrios ni siquiera se les garantiza el acceso a la salud pública. ¿No es esto una provocación?”.

“Este proyecto es la última etapa para expulsar a los habitantes de los barrios populares, porque al habilitar a las grandes empresas con importantes beneficios para que compitan de manera desleal con los negocios locales, las familias que no van a poder sostener más sus negocios se irán a vivir a otros lugares”, analizó en diálogo con Tiempo María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) – FIUBA, e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

Una vez aprobada la Ley, las primeras 15 grandes empresas que se instalen en los barrios populares recibirán como beneficio un descuento de hasta el 80% del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, o del monto invertido en un proyecto de desarrollo de espacios, o sobre todas las actividades económicas que desarrollen en la Ciudad. El resto de las empresas que se inscriban en la segunda etapa recibirán los mismos beneficios, pero con descuentos de hasta el 65%.

En la Ciudad existe una ley de Promoción a la Economía Social y Popular, sancionada en diciembre del 2020, que establece incentivos para que esos sectores puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas y, mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización. ”Lo cierto es que esta ley que ya lleva casi dos años aprobada tiene nulo financiamiento, ya que a las familias de la Ciudad que viven de la economía social y popular no les ofrecen créditos ni ningún otro beneficio que estipula la norma, y por el otro lado Larreta se apura a aprobar estos beneficios para las grandes empresas, es muy evidente todo”, agrega Koutsovitis.