El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó hoy en la Legislatura un proyecto de convenio urbanístico con el grupo IRSA para habilitar un barrio de lujo en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca en la Costanera Sur. El megaproyecto permite torres de un máximo de 145 metros de altura sobre la costa y se presentó dos semanas después de la sanción de la Ley de Catastro que legisladores y legisladoras de la oposición habían denunciado por facilitar la creación de barrios cerrados. 

El grupo propiedad de Eduardo Elsztain realizó un convenio con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “Costa Urbana”, un desarrollo privado en las 71 hectáreas del predio. La legislatura deberá tratar el proyecto que cambia la normativa vigente sobre los terrenos para habilitar nuevos usos que incluye viviendas y comercios. Desde la oposición denunciaron que se trata de un barrio naútico enmarcado dentro de un proyecto inmobiliario más grande que tiene que ver con la costa del Río de La Plata y que se enlaza con Puerto Madero.

El diputado porteño y vicepresidente del Bloque Frente de Todos, Javier Andrade, sostuvo que la administración porteña busca instalar “barrios náuticos de lujo en la costa del río”. “Para la venta de este barrio náutico que propone IRSA lo que se vende es la parcela y eso es lo que habilita la propiedad horizontal especial. Previamente a la realización del desarrollo inmobiliario la persona que compra, ya compra la tierra. Uno no es solamente propietario de un departamento sino que es dueño también del espacio de tierra que es lo que hace posible el negocio”, explicó el legislador a Tiempo Argentino.

Otro de los puntos que llaman la atención es la mención a las vías de comunicación dentro de la parcela. La arquitecta Gabriela Muzio, que es especialista en normativa urbana y asesora en planificación, sostuvo que el proyecto habilita una enorme parcela con salida a calle pública, pero con vías interiores no públicas. “Si a una mega parcela la dividís en propiedad horizontal se puede vender un terreno a un desarrollador o a una familia. También cambiaron el artículo que permite que permanezca indivisa y que adentro hagan calles privadas. No hay ninguna obligación que tenga que tener salida a una calle pública. Con que tu megaparcela tenga salida a una calle, como es el caso de IRSA, podés dar de alta la parcela, la dividís en propiedad horizontal especial y después construís las calles internas”, le dijo a este diario.

“El proyecto muestra claramente que las vías de comunicación van a ser únicamente para quienes lo habitan. Más allá de que tengan algún ingreso abierto, la manera en que se conforma el conjunto de parcelas tiene una mirada de barrio privado. Cualquier maqueta de barrio privado se parecería a lo que vemos en el proyecto”, agregó Andrade.

El 8 de julio la Legislatura sancionó una modificación de la Ley de Catastro, que en el texto inicial incluía los términos “conjuntos inmobiliarios” y “propiedad horizontal especial” presentes en el Código Civil. Por los planteos de legisladores y legisladoras se sacaron del texto, pero la oposición denunció que en el articulado dejaron habilitada las particularidades que definen esas figuras para permitir los barrios cerrados y náuticos. En el convenio con IRSA presentado hoy se indica que las parcelas se darán en los términos de la Ley 6437, sancionada dos semanas atrás, que modifica la Ley de Catastro 3.999.

Desde el oficialismo sostienen que este convenio permite transformar un predio que está en desuso hace casi 30 años en un gran parque de 47 hectáreas, que se completará con viviendas y comercios. Sin embargo, Muzio aclaró que las contraprestaciones para la ciudad son “mezquinas y de rapiña”.

“El privado da contraprestaciones que después el Estado tiene que aplicar, por ejemplo, en la prolongación de la Avenida España para que ellos puedan entrar a su emprendimiento. Es leonino y es de rapiña. No estamos para nada seguros de que el parque efectivamente vaya a ser público, tampoco sabemos cuándo. Creemos que hay buena parte de las contraprestaciones, tanto en tierra como en dinero, que van a ser utilizadas para el beneficio de IRSA para completar la parte pública, cosas que son necesarias para su emprendimiento. La prolongación de la avenida para que puedan ingresar, el destino de parte de la tierra que le van a dar al Estado para poner todas las estaciones reguladoras de gas, todas las instalaciones que necesitan para tener servicios, la construcción de los parques. Todo eso se hace con el dinero que supuestamente es para la ciudad. Pero en realidad lo reinvierte en el emprendimiento”, explicó la arquitecta.

Andrade contextualizó el convenio dentro de un plan más grande que incluye toda la costanera. “Preocupa que en la ley también flexibilizaron la escritura de los barrios populares, al tener excepciones van a poder escriturar al margen de que no tengan regularizados los servicios. Con lo cual los grandes desarrolladores van a avanzar en la compra compulsiva de esos terrenos especulando con la necesidad que tienen las personas que habitan en los barrios populares. Por ejemplo, la villa Rodrigo Bueno queda enfrente de lo que es el Solar de Santa María”, explicó.

Uno de los efectos de estos desarrollos es que suben el precio de la tierra en toda la ciudad y reducen aún más la posibilidad de acceder a una vivienda propia. “Eleva el precio de referencia, encarece los servicios, lo que hay alrededor y también el precio promedio del suelo en la ciudad. Se genera más expulsión porque eso aumenta también el precio de los alquileres”, explicó Muzio.