La emergencia provocada por el brote de coronavirus hace prever un cronograma complejo y un debate limitado. Quejas opositoras por el armado de comisiones y el momento elegido para tratarlo.
Durante la semana se terminaron de constituir las cuatro comisiones en las que será debatido el proyecto de ley del cual todavía no hay detalles de la letra chica. Como en 2018, la iniciativa giraría a las comisiones de Legislación General (será cabecera), Salud, y Legislación Penal. Pero este año también participará una nueva comisión que antes estaba dentro de la de Familia: Mujer y Diversidad.
En un contexto de prevención donde la presidencia de la Cámara Alta tomó medidas para evitar algún caso de gripe importada, como suspender eventos durante todo el mes de marzo, es difícil predecir cómo será el debate. Sin embargo, se puede trazar un perfil de algunas diferencias, más allá del contexto, de cómo podrían trabajar las comisiones.
Para empezar, los presidentes de las cuatro comisiones son del grupo de los «pañuelos verdes», además de ser del oficialismo. En Salud, quedó Pablo Yedlin, en Legislación General Cecilia Moreau, Legislación Penal Carolina Gaillard, y Mujer y Diversidad Mónica Macha.
Este primer punto fue cuestionado por algunos legisladores que recordaron que en 2018 las presidencias eran más equitativas: «Me aflige que no haya representación del grupo celeste, espero que habiendo dos vicepresidentas (ella misma y Marcela Campagnoli) que votaron en ese sentido, sería democrático poder influir en la dinámica», le dijo a Tiempo la diputada Carmen Polledo, que presidió Salud en 2018 y ahora quedó en la vicepresidencia de esa comisión.
En cuanto al formato del debate, todos los legisladores consultados por este medio coincidieron en que todavía no tienen información del proyecto, pero que volverá a ser el plenario de comisiones el espacio para trabajar la iniciativa, aunque se visualiza un panorama donde habrá meses complejos, teniendo en cuenta que por precaución una de las medidas adoptadas fue limitar sólo a los diputados y diputadas el ingreso a las reuniones.
Esto indica que, además de que el oficialismo pretende que sea un debate corto porque confía en que «los números ya los tiene», no se podrá convocar a asesores ni invitados. Al que sí esperarían es al ministro de Salud, Ginés González García.
De hecho, el diputado Yedlin, que estuvo el fin de semana pasado en Washignton, se encuentra en cuarentena, pero asintomático, en su provincia (Tucumán) por precaución.
En ese punto, Carolina Gallard, manifestó: «Creo que es una decisión acertada del presidente demorar el ingreso del proyecto en este contexto de incertidumbre respecto al coronavirus».
En la misma línea, Polledo opinó: «Me parecería lamentable un debate exprés porque hubo un cambio de integrantes en la Cámara y este es un tema de sensibilidad y carga emotiva», y sugirió que «sería importante que en los próximos días el titular de la cartera sanitaria vaya al Congreso a informar sobre el virus que preocupa a la sociedad».
«Tenemos que ser lo más transparentes posible y no sacar el proyecto en una epidemia», respondió un integrante de la comisión de Salud al ser consultado por este medio.
Con el clima revuelto, se especula que desde el sector «celeste» se presenten proyectos alternativos, aunque reiteran que todo va a depender de qué diga el proyecto oficial.
Por el momento, dos diputados radicales se adelantaron a marcar una tercera posición para terminar con la grieta que se formó hace dos años respecto a la iniciativa.
Sin embargo, la propuesta de llamar a una consulta popular vinculante, presentada por los mendocinos Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, también tuvo sus diferencias dentro y fuera del bloque al que pertenecen: Juntos por el Cambio.
En declaraciones a este diario, Latorre comentó que debe ser «entendida como una tercera forma democrática», a través de una herramienta que da la Constitución Nacional que plantea que es viable sobre temáticas de trascendental importancia para la vida social del país.
«Las posturas radicalizadas generan muchos polos pero en el medio de esos polos pasan muchos argentinos, por eso creemos que es importante terminar con la brecha», agregó la diputada al tiempo que señaló: «Llevamos dos años con este método, ¿no será tiempo de cambiarlo?».
Gaillard rechazó la idea y afirmó: «Los derechos no se plebiscitan. La sociedad vota a sus representantes para que debatan acerca de los derechos». «
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