El anuncio realizado esta semana por la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra revivió la esperanza en los colectivos feministas y en la sociedad acerca de la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Si bien no se conoce el texto del proyecto, se espera que se tome el que en el último año fue presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

¿Qué cambia este año con respecto de aquel 2018 en el que los senadores negaron ese derecho a las miles de mujeres y personas gestantes que esperaban en la calle? Una primera respuesta es que precisamente el presidente Alberto Fernández es quien lo presenta, la otra es que la sociedad atravesó un proceso de crecimiento enorme durante 2018 y que hoy plantea un panorama totalmente diferente.

Ese año, mientras se realizaban las discusiones entre los legisladores, murieron 35 mujeres a causa de abortos. El dato lo brindó el mismo Ministerio de Salud de la Nación.

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Sin bien la pandemia demoró la presentación, el debate está latente y los argumentos en contra que se debatieron otros años siguen dando vueltas como fantasmas en torno a las discusiones. Uno de esos argumentos es el costo que genera el aborto en la salud pública. “Es todo lo contrario”, explica la directora ejecutiva de Casa Fusa. “Hay un porcentaje altísimo de la población que tiene una obra social o una prepaga, es decir que no siempre se debería hacer cargo la salud pública Hay una presión por parte de los dueños de las prepagas, pero es sencillo, hoy una mujer que está embarazada tiene gastos de controles a lo largo de su embarazo. Ahora, una mujer que no quiere ser mamá interrumpe su embarazo y se le brinda un método anticonceptivo para que se cuide durante su vida”, cuenta Vázquez.

Desde Casa Fusa, la especialista en salud sexual y reproductiva plantea que el poder político debe atender al pedido de las mujeres y personas gestantes. “La sociedad ya decidió hace rato, ahora hay que hacer la votación, los diputados y senadores ya no necesitan asesoramiento; antes no entendían nada, no sabían ni de qué se trataba, pero se trabajó mucho. El resultado: hoy se habla del aborto, hoy hasta los adolescentes empezaron a exigir el cumplimiento de la ESI, es decir que es otro momento, hay que decidirse a votar, más allá de las presiones”, analiza.

Vázquez afirma que después de 2018, se busca hacer las intervenciones en las primeras semanas, y que esto es resultado de los meses de debates durante ese año. “Tengo puestas todas las expectativas, porque venimos con unos vaivenes muy importantes, aunque hay un compromiso asumido. Ahora Vilma Ibarra habló en nombre de la gestión. Yo creo que el movimiento en las calles y en los medios presionó lo suficiente para destrabar esto”, analiza.

“La ley tiene que salir”, dice Vázquez. “Los abortos van a seguir existiendo, pero una ley es la única manera de que esos abortos sean seguros. Cuando uno quiere interrumpir el embarazo, lo interrumpe igual, es una práctica sencilla y sin riesgos, pero a nadie se le ocurriría ir a hacer una interrupción a una carnicería. ¿Por qué la gente acude a procedimientos inseguros? Todo eso desaparece si esta ley se concreta”.

En ese sentido, los países en vías de desarrollo son los que tienen las cifras más altas de abortos inseguros (más de 20 millones por año en todo el mundo). Dentro de esa cifra está la Argentina, donde se calcula que cada año hay entre 350 mil y 522 mil abortos inseguros, y unas 50 mil mujeres deben ser internadas a causa de sus consecuencias.

El diputado tucumano Pablo Yedlin preside la Comisión de Salud en la Cámara Baja. Se pronunció desde siempre a favor del aborto. “Se trata de un tema de salud pública”, afirma. “Frente al embarazo no deseado la interrupción, a lo largo de la historia, se da siempre. Una vez que la mujer toma esta decisión, si el sistema no tiene la interrupción legalizada y los hospitales públicos no dan acceso, esas intervenciones se realizan en la clandestinidad en condiciones no deseadas, sin condiciones de asepsia. Suceden complicaciones muy comunes, la infección pauperal, que se infecta por haber sufrido una intervención con pocas condiciones de higiene… Y muchas fallecen y ahí está el drama de toda una familia”, analiza el diputado. “Muchas veces esas mujeres que abortan no lo hacen con su primer hijo, ni son parejas jóvenes. Lo hacen en condiciones de inseguridad y dejan tres o cuatro hijos en situación de desamparo”. Estas situaciones son las que engrosan las cifras de muerte materna. “Las cifras de muerte materna se miden en relación con causas directas con embarazo, parto o puerperio. En la muerte martes el aborto sigue constituyendo en la Argentina una de las principales causas. Y tanto la muerte materna como la infantil marcan la calidad del sistema de salud y las condiciones del sistema sanitario cultural y la equidad”, especifica Yedlin.

Con respecto a las posibilidades de que se presente el proyecto, afirma: “Esto fue una promesa de campaña de nuestro presidente y el hecho de que se esté cumpliendo es muy importante frente a muchos otros que no cumplen. En el tema puntualmente de la ley, es una deuda que tenemos los argentinos con las mujeres. Las condiciones en que se realizan las interrupciones también plantean un grave problema de equidad y por eso no lo debemos permitir”, enfatiza. “En esta discusión en comisiones se va a incorporar género, hay que leer el texto, en qué se asemeja y en qué se diferencia del que votamos antes. Esta nueva composición de la Cámara me parece que tiene un número un poquito más holgado”. «

Macha, con ganas de debatir
La diputada nacional Mónica Macha fue una pieza clave en 2018 durante las discusiones sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que había presentado la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Este año, más cerca de ser presentado por el Poder Ejecutivo, se prepara para dar la discusión en la Cámara Baja. 

–¿Qué expectativas tenés sobre la presentación y lo que pase en Diputados?

–Todas y buenas. Tuvimos esta situación tremenda de la pandemia, que retrasó el tratamiento del proyecto y que además nos generó y nos genera incertidumbre para definir el momento de tratarlo. Se avanza un montón con lo que anunció Vilma (Ibarra), fue una decisión que se pensó mucho porque hay cosas que no van a suceder, por ejemplo, el acompañamiento social en las calles. O los diputados de otras provincias no estarán en su mayoría en el recinto. Eso por un lado nos imposibilita todas las cuestiones que hay en torno a una sesión en sí y nos genera cierto temor ante diputados y diputadas que vayan a votar a favor por situaciones violentas que se puedan generar. Tenemos un buen escenario, es un proyecto enviado por el presidente, que planteó en plena campaña que el aborto es un tema de salud pública y de derechos de las mujeres. De ese modo, le da otra vuelta en un momento social. La discusión está con un nivel de paridad muy grande, no tenemos certezas, pero vamos a darla de la mejor manera y con todas las acciones al lado de las organizaciones, respetando la situación de la cuarentena. Todas las feministas de la región tienen la mirada puesta en Argentina, eso me da muchas expectativas para tener esta ley.

–¿Cómo ves el Senado?

–Sesionar es mucha responsabilidad, y el Senado tiene la otra situación que es la de garantizar el triunfo y revertir la situación de 2018. Aun perdiendo, lo que pasó tiene un montón de cosas positivas, tantas que hoy el aborto tiene otro lugar en la sociedad y eso hay que entenderlo.

¿Es lo que plantea un escenario diferente a 2018?

–El 2018 mostró el tremendo nivel de acompañamiento social. Pero en este caso, que se presente como un tema de salud pública y de igualdad de género trae por atrás la discusión de la maternidad y la paternidad. Está ahí no solo el tema biológico y del cuerpo sino esto de que al hombre no le cuesta la paternidad. Según la situación de cada mujer, lo que para una mujer es la felicidad total, para otra es “no quiero seguir con esto”, entonces el planteo del debate ya tiene una gran resignificación.


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Grave crecimiento de la violencia antiderecho

En los últimos días, activistas feministas y periodistas recibieron amenazas e intimidaciones de grupos antiderechos.

Horas antes de que la Secretaria legal y técnica de la Nación, Vilma Ibarra, anunciara la presentación del proyecto en 2020, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto emitió un comunicado con la alarmante información de las agresiones.

En 2018, luego de la media sanción en Diputados, muchas mujeres denunciaron haber sido agredidas por llevar el pañuelo verde. Algo similar le pasó el fin de semana pasada a la periodista Noelia Barral Grigera, quien fue insultada por un hombre en el barrio de Caballito.

“Otra vez las agresiones”, afirma el comunicado de la Campaña, “esta violencia queda silenciada cuando usan el discurso ‘verdes vs celestes'”. La escritora Claudia Piñeiro, quien brindó uno de los testimonios más destacados durante las exposiciones en el Anexo de Diputados en 2018, denunció en Twitter. “Video que recibimos varias feministas el fin de semana. Agradecería lo miren y lo contemos entre los costos de seguir postergando la discusión de proyecto ILE”, escribió Piñeiro. Junto con el video donde golpean salvajemente a una mujer, llegó la frase “Después de esto no joden más”. El video fue recibido entre otras militantes y periodistas.

Desde la Campaña pidieron, tal como lo hizo Amnistía en 2018, “el gobierno debe tomar las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión y la integridad de quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos, como repudiar públicamente las agresiones, registrarlas, habilitar canales de denuncia, de investigación de los hechos y de protección”.

Los datos
La OMS en la investigación Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud plantea algunas cifras elaboradas entre 2015 y 2019.

-En promedio, 73,3 millones de abortos inducidos (seguros e inseguros) ocurrieron en todo el mundo cada año.

-Hubo 39 abortos inducidos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 49 años.

-3 de cada 10 (29%) de todos los embarazos y 6 de cada 10 (61%) de todos los embarazos no deseados terminaron en un aborto inducido.

-Entre estos, 1 de cada 3 se realizó en las condiciones menos seguras o peligrosas.

-Cada año, entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se atribuyen al aborto en condiciones de riesgo.

-Alrededor de 7 millones de mujeres ingresan en hospitales cada año en países en desarrollo, como resultado de abortos inseguros.

-El costo anual del tratamiento de las principales complicaciones del aborto inseguro se estima en USD 553 millones.