Una sucesión de medidas controvertidas convirtió a la investigación judicial por la administración del programa Fútbol para Todos en un polvorín. La jueza federal María Servini de Cubría puso fin a la veeduría que había ordenado sobre la AFA en 2015, pero no obstante prorrogó las funciones que tenía uno de los tres veedores, el ex juez Daniel Alberto Piotti.
La medida despertó la ira de las defensas de todos los imputados. Porque Piotti es ajeno a la AFA, no tiene vinculación funcional tampoco con el Poder Judicial, y una vez concluida la controvertida tarea que le había encargado Servini en la veeduría, resultaba un extraño en el expediente.
Piotti, según las defensas, es una suerte de garante del control de la causa. A dos puntas: por un lado, es él quien sirve de nexo conductor con Servini; por el otro, está dentro de la AFA y tiene acceso a todos los papeles en los que el gobierno tiene interés en estar completamente informado.
¿A quién responde Piotti? Antes que nada, a sí mismo. Los manejos que ha tenido por dentro y por fuera de la causa son motivo de comentario permanente en la periferia del expediente. Pero además, su referente central en esa suerte de estructura paralela que maneja un sector del Poder Judicial, el principal referente de Piotti es Enrique Coti Nosiglia.
En la causa están procesados tres ex jefes de Gabinete y otros funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y varios dirigentes de la AFA.
Allí hay una secuencia que es, cuanto menos, difícil de explicar. Cuando Servini de Cubría designó a la veeduría, el objetivo era controlar e informar cómo había manejado la AFA los fondos del programa FPT. Como consecuencia de esos informes, la jueza llamó a indagatoria a los directivos de la AFA y más tarde los procesó por defraudación. Es decir, la veeduría le proveyó información útil para los procesamientos.
¿Quién pagó los millonarios honorarios de los veedores? La AFA. Es decir que una entidad que tiene deudas por doquier, cuyos integrantes están sospechados de haberse apropiado indebidamente de fondos que provenían de FTP, pagó los honorarios de los veedores que terminaron incriminándolos en una causa judicial por la que pueden ir presos hasta seis años.
Los defensores creen que se ha violado la garantía constitucional contra la autoincriminación, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Creen más: suponen que todo es una maniobra para que el gobierno se quede con el manejo de la AFA.
Por lo pronto, los procesamientos de todos los imputados deben ser resueltos en apelación por la Cámara Federal. El trámite está demorado desde agosto de este año, pero todos suponen que el fallo será confirmatorio de los procesamientos, aunque en votación dividida.
