Al filo del inicio de la feria judicial, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la declaración indagatoria del ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la causa que investiga el respaldo del gobierno a la fallida condonación de la millonaria deuda que la familia del presidente Mauricio Macri mantenía con el Correo Argentino. Y este viernes, el juez federal Ariel Lijo lo citó para el 28 de febrero del año que viene.

La medida sobre Aguad apunta a su actuación como exministro de Comunicaciones y la decisión de convalidar el acuerdo que intentó cerrar la deuda por más de 70 millones de pesos en favor de la familia presidencial.

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La citación del funcionario está enmarcada en la causa penal que investiga el juez Lijo por supuesta administración fraudulenta.

La medida también alcanza a Juan Manuel Mocoroa, exasesor en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; quien deberá declarar el 26 de febrero.

Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino S.A. y aceptada inicialmente por el Estado Nacional había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.

El fiscal sostuvo que “se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa”, que mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados “obligaron abusivamente” a la Administración Pública “con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino S.A”.

El acuerdo de pago en cuestión consta en el expediente 94.360/01, Correo Argentino S.A. s/concurso preventivo del registro del Juzgado Nacional en lo Comercial 6 de Buenos Aires, según el dictamen.

Pollicita afirmó que cuando Aguad tenía bajo su responsabilidad “el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado Nacional verificó” (en el expediente 94.360/01) “contra Correo Argentino, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios”.

En este sentido, consideró que esa conducta “exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la Administración Pública a aceptar una quita abusiva de su crédito, con el interés de beneficiar a la empresa involucrada y para lo cual contó con el aporte necesario de sus consortes de causa”.

En este sentido, sostuvo que por el acuerdo en cuestión el Estado nacional “resignaba una porción inadmisible de la suma de $ 296.205.376 adeudada por Correo Argentino S.A., lo que implicaba el otorgamiento de un beneficio injustificado y directamente proporcional para la concursada”.

A partir del acuerdo cuestionado “el Estado aceptaba sufrir una quita que ascendía al 98,87 por ciento del valor real del crédito verificado, esto significa que el valor de lo suprimido en pesos al mes de febrero de 2017 era de $4.656.446.266,20; y el cálculo de valor presente del saldo de quita al mes de marzo de 2033 –cuando finalizaba el plan de pagos acordado- era de $70.163.910.895,30”, remarcó.