El ministro de Defensa explicó que "ningún elemento bélico puede salir de la Argentina sin la autorización del departamento" que él encabeza en la actualidad.
Durante la jornada del jueves, el Gobierno de Bolivia denunció que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina «material bélico» al régimen de Jeanine Áñez para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas «masacres de Sacaba y Senkata». Según explicó Rossi hoy, «ningún elemento bélico puede salir de la Argentina sin la autorización del departamento de Defensa».
El actual titular de la cartera de Defensa sostuvo que el avión «tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia, pero que además llevaba un cargamento no identificado que todavía no está la información de que era, pero sabían que estaban haciendo algo totalmente ilegal porque sino lo hubiesen detallado». «El Hércules C-130 partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.50 llegando entre las 4 y las 5 de la mañana del 13 a La Paz, justo ese mismo día es cuando el jefe de la fuerza aérea boliviana le emite una nota de agradecimiento al actual ministro de trabajo de (Gerardo) Morales», Normando Álvarez García, que entonces era embajador argentino en Bolivia, precisó.
Sobre los pasos a seguir en esta causa, Rossi adelantó que «Defensa va a coordinar con la ministra de Seguridad -Sabina Frederic- para generar una denuncia, ya que el Hércules hizo aduana y, por ende, todo se puede confirmar». «Está claro que hubo una serie de países y una organización como la OEA que apoyaron abiertamente la ruptura del orden institucional y constitucional en Bolivia y apoyaron el Golpe de Estado, lo que es harto evidente», remarcó Rossi.
Anoche, el Ministerio de Seguridad que conduce Frederic solicitó a las autoridades de las cuatro fuerzas federales de seguridad que inicien de forma inmediata las «actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos». Con el objetivo de llevar adelante una «profunda investigación» que otorgue certezas en torno la cantidad y el tipo de material que se podría haber enviado al país vecino, Frederic exigió también que los informes sean «entregados en un plazo máximo de 72 horas».
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Se lo dijo a Tiempo Mario Calegari, secretario de Prensa del sindicato.