Suba de tasas, suba de tarifas, DNU de presupuesto 2022 y la firma del contrato de construcción del gasoducto Néstor Kirchner, componen el paquete de medidas económicas que anunció el gobierno antes del fin de semana largo, y cuyas consecuencias preocupó a sindicalistas, legisladores y algunos sectores del oficialismo que esperan con ansiedad la palabra de la vicepresidenta que hablará este lunes en un plenario de la CTA. Por su parte, el presidente salió a atajar las críticas que se avizoran y reconoció que “está fallando en la distribución”.

Este lunes Cristina volverá a hablar en la localidad de Avellaneda ante un plenario de 1800 delegados y delegadas sindicales de la CTA, que conduce Hugo Yasky, quien la acompañará junto al ministro de Desarrollo y Hábitat y ex intendente local, Jorge Ferraresi. El título de la conferencia adelanta la caracterización de este momento de la vicepresidenta: “20 de junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria”. Según pudo saber Tiempo, se espera que haya definiciones sobre el plan económico de Martín Guzmán y nuevas propuestas sobre eventuales renegociaciones con el FMI.

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A medida que pasaban las horas, las consecuencias del paquete de medidas económicas fue anunciado de manera fragmentada y con poca visibilidad. Se hacían más concretas. La quita de subsidios que fue comunicada como un aumento sólo para los ricos. «Para el 90% de los usuarios no habrá más aumentos en el resto del año», dijo la portavoz Gabriela Cerruti el jueves. Desde Energía explicaron que si bien la segmentación estratifíca en tres niveles que van de mayor a menor poder adquisitivo, son los usuarios y usuarias quienes deben informar a cuál de estos segmentos sociales pertenecen, y solicitar ser subsidiados.
Algo parecido pasó con la suba de tasas, medida que se enmarcó en el aumento generalizado de tasas de Estados Unidos.

La batería de medidas diseñadas por Guzmán forma parte del flexible acuerdo con el FMI, una forma de no acudir a la emisión, prohibida por el organismo y demandada por los sectores del oficialismo que pelean para que los salarios no pierdan contra la inflación. Pablo y Hugo Moyano, pero también Carlos Acuña, son los sindicalistas que salieron a pedir que no haya atraso salarial y criticaron a los empresarios formadores de precios, a quienes culparon por la inflación.

En ese contexto, el presidente habló este sábado: «La producción argentina está volando. Tenemos récord industrial. La producción anda bien, el empleo también, incluido el informal», sostuvo el mandatario en el programa radial «Secreto de Sumario.» De todas maneras, confesó que «es cierto que los salarios reales todavía están bajos». «¿Dónde está fallando el programa? En la distribución. Justamente en la distribución es donde el salario crece y el bolsillo se llena de plata. Esa es nuestra mayor obsesión hoy».

Desde el Senado, el único que salió a hablar fue el titular del interbloque oficialista José Mayans. «Hace falta un acuerdo de todos los sectores de la economía para lograr que todas las familias argentinas tengan el abastecimiento básico de alimentos a precios razonables. ¿Cuál es la economía que funciona? La que tiene precios justos con salarios justos. No sirve que solo gane un sector de la economía”, sostuvo el senador este sábado.

El gobierno apunta a calmar las críticas internas con el proyecto de ley de renta inesperada, que había sido anunciado hace más de dos meses en televisión por Guzmán. Después tuvo su presentación oficial en Casa Rosada y todavía no tiene tratamiento en Diputados. Este jueves Alberto recibió en su despacho al titular de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, a quien le pidió celeridad para esta iniciativa, pero también para la agenda que había dejado Matías Kulfas, que incluía las leyes de agroindustria y electromovilidad. Martínez apuesta a sensibilizar a los y las diputadas de los bloques provinciales, claves para llegar a la mayoría. Juntos por el Cambio ya adelantó que votará en contra.

La única noticia bien recibida por todos los sectores del oficialismo es la firma entre la empresa pública Energía Argentina y la compañía Siat S.A., de Techint, para la provisión de 656 kilómetros de cañerías para la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner, destinado a la evacuación de gas natural de Vaca Muerta, ya despejado el camino judicial. El Estado nacional comprará las cañerías que serán utilizadas para la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, en el tramo que unirá la localidad neuquina de Tratayén y bonaerense de Saliquelló, cañerías que por ahora se siguen fabricando en Brasil, tal como criticó la vicepresidenta en Tecnópolis hace dos semanas.