En el marco de la jornada Tiempo de Pensar la Justicia, organizada por Tiempo Argentino, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina y el Centro Cultural de la Cooperación, que contó con la presencia de juristas, funcionarios judiciales, abogados y referentes de organismos vinculados con la problemática de los tribunales, Tiempo dialogó con Alejandra Gils Carbó, la ex titular de la Procuración General de la Nación.

-¿Qué destaca de los cuatro años de gestión de Cambiemos de la justicia?

-Creo que el dato más llamativo lo puso de relieve el relator de independencia judicial de la ONU cuando hizo su llamado al Estado a responder por una serie de cargos que tenían que ver con la persecución de altas figuras de la justicia, entre las que me incluyo junto con la doctora Gabriela Boquín, que tuvo en sus manos la causa del Correo, los jueces laborales en general, que sufrieron una campaña de difamación, y algunos jueces federales también. De todo esto da cuenta un organismo internacional, al pedirle al Estado explicaciones, aunque no es una sanción, no es un informe definitivo. Pero su sola intervención indica que la intervención del Poder Ejecutivo en la justicia ha sido seria. Entonces, cuando se pierde la independencia de la justicia, estamos perdiendo la principal protección del Estado de derecho y eso es una de las cosas sobre las que hay que trabajar.

-¿Cuál es su expectativa sobre el gobierno que asume el próximo 10 de diciembre?

-Mi expectativa es que todo eso desaparezca. Mientras fui procuradora general de un gobierno de un signo político similar al que viene, no tuve ninguna clase de persecución ni presión que pusiera en crisis mi independencia, y tampoco hubo persecución laboral o con causa política. Me acuerdo que había una crítica: había un comentario desfavorable al exceso de medidas cautelares que detenían medidas que eran para el control de la economía. Era un comentario llamando la atención sobre eso, comentario que a mí me parecía legítimo como fiscal general comercial que era en ese momento, porque yo advertía que las medidas que se tomaban para poner regulaciones eran inmediatamente neutralizadas a través de medidas cautelares. La justicia había sido totalmente aséptica al declarar la inconstitucionalidad de cualquier medida del Estado con esta frase que ya era casi un axioma, que era que los jueces no pueden gobernar. Sí, los jueces no podían gobernar hasta que se tomaron medidas de control de los actores económicos.

-¿Existió la justicia militante durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner?

-Cuando se habla de justicia militante a mí me hace recordar a la persecución a Justicia Legítima, algo que se catalogó como jueces y fiscales kirchneristas, y yo que estaba dentro de esa asociación sé que es algo absolutamente falso, porque ninguna de esas personas en el ejercicio de sus cargos, ni yo misma que era “acusada” de militante kirchnerista, utilizaron su poder en beneficio de un partido político o a las órdenes de alguien. En definitiva, era algo utilizado para la persecución de jueces y fiscales que no adoptaban posturas que eran amigables al gobierno ahora saliente.