El Lawfare le brinda un lugar preponderante a la puesta en escena. El exvicepresidente Amado Boudou fue una de las víctimas protagónicas de la persecución política judicial que se consolidó durante los años del macrismo. La primera vez que lo arrestaron, el 3 de noviembre de 2017, lo fotografiaron en pijama, descalzo, a las 6 de mañana, con los ojos entrecerrados. Era la imagen de quien acaba de despertar de golpe. Lo sorprendieron en las primeras horas del amanecer como si se tratara de alguien que estaba planeando un escape. La noche anterior a ese momento, le cuenta Boudou a Tiempo, había ido al aeropuerto a buscar a su suegra, la madre de su esposa mexicana. Habían cenado los tres juntos fideos con verduras. Boudou siempre se había presentado en tribunales cuando lo habían citado. Pero la foto cumplió la función guionada de mostrar un operativo sorpresa como si se tratara de agarrar infraganti al Chapo Gúzmán o al jefe de la Cosa Nostra. El Lawfare es sobre todo mediático. La puesta en escena es central.

Lo mismo ocurriría después con los traslados. Serían filmados en directo por los medios hegemónicos, mostrarían a Boudou bajando de una camioneta, esposado, llevando puesto un chaleco antibalas y un casco de hierro. Una imagen que sugería que podría haber un francotirador de una supuesta mafia esperando en la construcción abandonada frente a los tribunales de Comodoro Py. Un hombre recostado en el piso de cemento, con la visera de la gorra tirada hacia atrás, el ojo izquierdo pegado a la mira telescópica de un rifle, esperando. Una escena tantas veces repetida en películas de Hollywood, un montaje que se reconoce rápido. 

Ahora Boudou emerge en la pantalla del celular. Lo más parecido en pandemia a una entrevista mano a mano son las videollamadas. Tiene el pelo blanco y largo hasta los hombros, algo de barba, lentes de marcos azules.

“Vamos a ir a la Corte Interamericana (CIDH) con los mismos planteos que llevamos a la Corte Suprema argentina”, dice el exvicepresidente al ser consultado por los próximos pasos, luego de que el Máximo Tribunal rechazara revisar el amañado juicio Ciccone en el que fue condenado. “Al reclamo se agrega que la Corte no se dignó a reabrir el caso. Se denegó una instancia de revisión. Se trata de buscar algún tribunal imparcial, aunque todos deberían serlo. Vamos a sumar una presentación de (Eugenio) Zaffaroni y otra de Julio Maier, que escribió antes de su fallecimiento. Ambos se presentaron como amicus curiae (amigos del tribunal) ante la Corte”.

-¿Esperaba que rechazaran revisar la causa?

-No. Pensé que podía demorarse mucho, pero nunca que no aceptarían revisarla. Por lo menos evaluar lo actuado por los tribunales inferiores.

-El presidente Alberto Fernández remarcó lo arbitrario de esa decisión de la Corte, que en cambio actuó de manera excepcional para tratar el reclamo que hicieron los jueces trasladados de manera irregular durante el gobierno de Macri. Y uno de esos jueces (Pablo Bertuzzi) además era el presidente del tribunal del juicio Ciccone…

-El planteo del presidente no puede sorprender a nadie. Es algo que él viene diciendo desde la campaña. Lo dijo también en su discurso inaugural del Congreso. Y a partir de la decisión de la Corte, de no revisar este caso, la contextualización que hizo (Alberto) es precisa. Abrieron un per saltum (salto de instancia), algo excepcional, para revisar el reclamo de los jueces trasladados y se negaron a tomar este caso. El resultado es que este juicio termina como finiquitado y los jueces trasladados a dedo siguen en su lugar como si nada hubiera pasado. Bertuzzi fue el presidente del tribunal que me condenó. Fue una farsa de juicio para convalidar una sentencia mediática. Los diarios Clarín y La Nación venían contando antes de la sentencia que Bertuzzi intercambiaba el fallo por su ascenso.

-Fue inmediato, pocas semanas después de que lo condenara. Pareciera que estas maniobras se hacen para que sean notorias.

-Es la impunidad del poder que se usa sin límites. Por eso los diarios lo venían avisando. Los tiempos de los asuntos judiciales fueron unos para los kirchneristas y otros para el resto. En nuestro caso, no funcionaba el código procesal penal sino el código electoral.  En época de elecciones había detenciones, sentencias. Bertuzzi comenzó el juicio sin tener el expediente porque tenía que empalmarlo con el proceso electoral. (NdR: El juicio oral por la denominada Causa Ciccone comenzó el 3 de octubre de 2017, 19 días antes de las elecciones de medio término).  Lo mismo ocurría con las detenciones. En nuestros casos, se generó un esquema tipo la Edad Media, cuando les ponían el San Benito y los llevaban a recorrer la plaza para que la gente los viera. A mí me detuvieron a las 6 de la mañana, en mi casa. Si me hubieran dicho que tenía que presentarme hubiera ido, como hice siempre. No hacía falta esposarme, ponerme un casco. Recuerdo que el que dirigía el operativo hizo bajar las persianas del departamento. Le pregunté por qué y me dijo que era para que nadie sacara fotos. Y la foto que circuló fue la que sacaron ellos mismos.

-Hay un debate sobre la posibilidad de que el presidente utilice el indulto en las causas armadas durante el macrismo. ¿Qué posición tiene sobre esto desde el punto de vista político?

-Estamos viviendo una situación que requiere una mirada política. El macrismo consolidó el sistema de Lawfare. A partir de la mesa judicial, de que Germán Garavano (ex ministro de Justicia de Macri) les pagara a los testigos. El sistema de espionaje en las cárceles. Lo que yo siempre pretendí es tener un juicio justo en el que pudiera demostrar mi inocencia. Ahora, esto no puede tener soluciones individuales porque es un esquema sistemático. El presidente plantea que la justicia funciona mal y tiene razón. Es cierto que no puede seguir funcionando así. También está claro que no es la justicia la que se va a reordenar a sí misma. La Corte avaló todo este funcionamiento. Por ejemplo: la famosa doctrina Irurzun se utilizó para meter presas de modo preventivo a ciertas personas y de repente desapareció. Hay un método sistemático de persecución política sobre las mismas personas. Entonces, no sé cuál será el mecanismo, una revisión de las causas, no lo sé, pero no puede ser individual.

-La semana pasada se publicó una solicitada respaldándolo que llevaba miles de  firmas y la de varios expresidentes: Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales…

-Estar acompañado por figuras que llevaron adelante uno de los períodos más brillantes de la historia sudamericana en la construcción de la igualdad me pone contento. Pero yo lo vivo como algo colectivo para señalar el tema del Lawfare. Hay muchos medios obstinados en decir que no existe. Pero veamos el caso de Lula: un hombre disfrazado de juez lo persigue para que no pueda ser candidato. Lula no puede competir electoralmente. Y el tipo con el disfraz de juez se lo saca y se vuelve ministro. Todo es muy obsceno. Es la utilización de la justicia para fines políticos.

-Además de la causa, está el tema de su condición de detención, ¿cómo interpreta la decisión del juez Obligado, que en la víspera de año nuevo le revocó la prisión domiciliaria?

-No hay muchos casos en que un juez resuelva el último día del año a las 9 de la noche. Está claro que la presión de las tapas de Clarín tuvieron mucho que ver. El juez había pedido una serie de informes antes de pronunciarse y no esperó los resultados. Aparecieron las tapas y se apuró a sacar la resolución. Después, la noticia de una prisión domiciliaria se utilizó para tapar la aprobación del Aborto Legal, la aprobación de la Movilidad Jubilatoria, y el inicio del plan de vacunación contra el Covid-19. Eran todas noticias mucho más relevantes que una prisión domiciliaria. Yo espero que la decisión de Obligado sea subsanada en la apelación. En la Argentina, la ley sostiene que las madres con hijos menores de 5 años tienen que tener prisión domiciliaria. Hoy en día tenemos clara la igualdad de género. El planteo nunca fue por un tema económico solamente sino por ocuparse de los chicos. El mismo juez había aceptado ese planteo unos meses antes.

-Para poder encarar una reforma profunda, como la que necesita el sistema judicial argentino, hace falta una conciencia social amplia sobre el problema. ¿Cree que existe esa conciencia?

-Hay un sector minoritario que incluso puede alentar este mecanismo autoritario. También hubo sectores que respaldaron las dictaduras. Pero me parece que está muy extendido que el sistema de administración de leyes no está funcionando como justicia. La institución con peor imagen en la sociedad es el Poder Judicial, sea por derecha, por izquierda, por ineficiencia. Esa conciencia existe, con distintas miradas. Me parece que en los distintos sectores que forman parte del Frente de Todos ya no hay dudas de lo grave de este tema. No se trata solo de los presos políticos, sino de cuestiones de la gestión. Por ejemplo: los legisladores de la oposición, cada vez que pierden una votación dicen que la van a llevar a la justicia. Eso también altera el sistema republicano. En la Argentina, los que pierden las elecciones quieren imponerle la agenda a los que ganan y ahora se pretende que el Congreso no cumpla su función porque se busca judicializar todo.

-¿Le parece que está muy retrasada la reforma judicial?

-En la coalición hay distintas miradas sobre la profundidad y los plazos de todos los temas. Es lógico y es parte de lo que enriquece una coalición. Pero hay un intento de ciertos sectores opositores, políticos y fácticos, de que la Corte maneje todo el sistema de decisión. Están judicializadas cuestiones vinculadas a las tarifas, a la coparticipación, al impuesto a las grandes fortunas. Hay un intento de corrimiento de lo que marca la Constitución sobre el funcionamiento de los poderes. Excede al tema de los presos políticos. Complica la gestión. Siempre que hay este tipo de violencias institucionales, el objetivo final es el ordenamiento social.

-¿Comparte lo que dijo Cristina sobre que estas persecuciones son para aleccionar al conjunto de la dirigencia política?

-Desde la imposición del orden neoliberal, hace décadas, hay un intento de que los dirigentes políticos piensen que no van a gobernar sino que van a administrar. Este modelo de globalización, en todos los países, ha generado una reconcentración del ingreso. Gran parte de la dirigencia política en el mundo está convencida de que no hay alternativa y genuinamente administra lo que hay. Y otro sector está asustado. Es un mecanismo aleccionador y busca domesticar a la dirigencia política y social: cuidado con querer cambiar las cosas porque la vas a pasar mal. Me parece que hay que repensar qué es pasarla mal. Formar parte de un sistema en el que una mayoría vote y los gobiernos se vuelvan un engranaje más, que administren una situación que empeora la vida de las personas, tampoco puede ser pasarla bien. «