La agrupación de familiares y víctimas del atentado contra la AMIA Memoria Activa denunció que tres abogados que respondían al ex ministro de Justicia Germán Garavano y que acataron sus órdenes de no acusar a tres imputados por el encubrimiento de la voladura de la mutual judía siguen trabajando en el Ministerio de Justicia pese al cambio de gobierno.

“Son los mismos que, tras la orden del ministro de alejarse de la postura de la querella de Memoria Activa y otros familiares, se sentaron frente al Tribunal y actuaron en consecuencia”.

Se trata de los abogados José Console, Miguel Inchausti y Horacio Di Filippo, quienes conformaron el equipo que en el tramo final del juicio oral por el encubrimiento de la denominada “pista siria” se hizo cargo del alegato del Ministerio de Justicia para omitir las acusaciones y pedidos de pena para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el difunto ex comisario Jorge “El Fino” Palacios.

“Para nuestra sorpresa, parte de los participantes de las maniobras encubridoras ejecutadas por el gobierno de Mauricio Macri en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA continúan en funciones en la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hecho que repudiamos y exigimos se solucione prontamente”, sostuvo Memoria Activa mediante un documento.

“Sin que se les moviera un pelo, leyeron un alegato desprolijo y vergonzoso que parecía una defensa de los encubridores más que una acusación. En cumplimiento de expresas instrucciones pidieron la absolución de Palacios. Son los mismos que, tras el pedido del gobierno tal como se prueba en el reciente audio de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, desistieron de acusar a los amigos Mullen y Barbaccia, claros involucrados en el desvío de la investigación”.

Memoria Activa, que siempre mostró una postura consecuente en el reclamo de Justicia por el atentado perpetrado en 1994, se preguntó: “¿Por qué estas personas continúan trabajando en la causa AMIA en representación del Ministerio de Justicia? ¿Qué está esperando la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para actuar según los intereses de la verdad y la justicia? ¿No hay acaso pruebas suficientes del vergonzoso actuar de estos empleados estatales?”.

La organización se mostró “consciente de que en el contexto de una pandemia hay numerosas urgencias que atender”, pero advirtió que “pero seguir sosteniendo encubridores en puestos estatales es seguir sosteniendo la impunidad”.