El tembladeral judicial que causó el pedido de la AMIA para que la representación de la comunidad judía en la Argentina reunida en la DAIA desistiera de acusar a Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la denuncia de encubrimiento del difunto fiscal Alberto Nisman todavía no terminó. Mucho menos hirió de muerte al expediente. Persiste una movida (debilitada, es cierto) para mantener viva la acusación, extenderla en el tiempo y sacar del medio a quienes la dejan sin sustento, por ejemplo el extitular de Interpol Ronald Noble.

El estadounidense pide a gritos venir a declarar a la Argentina para explicar que no hubo encubrimiento, que las «alertas rojas» que pesaban sobre los iraníes aún hoy están vigentes, que no recibió ninguna sugerencia (mucho menos pedido) de desvincular a los iraníes de la investigación. Sus esfuerzos fueron en vano: nunca fue escuchado y probablemente tampoco pueda declarar en el juicio oral y público, con fecha aún por determinar.

Una de las querellas en esa causa, la que encabezan los familiares de víctimas Luis Czyzewski y Mario Averbuch, denunció a Noble como parte de un eventual encubrimiento. Sostienen que el supuesto mail que leyó el excanciller Timerman y que le atribuyó al norteamericano fue, en realidad, redactado en Cancillería. Sobre esa base, pidieron la indagatoria de Noble. La presentación quedó en manos del juez Claudio Bonadio, quien todavía no resolvió qué hará. Si Noble es imputado, no puede ser testigo. Mucho menos en el juicio oral.

La carta de la AMIA tiene un argumento que retrocede tres años en el tiempo y que ya fue utilizado por el juez Daniel Rafecas cuando tempranamente, después de la muerte de Nisman, archivó la denuncia. El Memorándum con Irán fue una decisión política, probablemente desacertada, pero no un delito. A diferencia de lo que creen jueces y fiscales que entraron por la ventana al expediente, no se trata de un hecho juzgable en Tribunales sino en las urnas.

Si la AMIA sabe esto ahora, ¿por qué no lo supo antes? No hay respuesta; tal vez, explicaciones.

Fuentes con acceso a la causa y a la comunidad contaron a Tiempo que la renuncia de Sandra Arroyo Salgado, la exmujer de Nisman y jueza de San Isidro, a continuar como querellante en la investigación por la muerte del fiscal, fue un sacudón. Y a eso se sumó la muerte de Timerman, en un contexto de crueldad judicial para con un enfermo abrazado a la esperanza de un tratamiento experimental en Estados Unidos que no pudo seguir porque, al estar procesado, se le revocó la visa y, cuando superó esa traba migratoria, ya era tarde. Timerman, además, era judío.

La otra cuestión es de origen. La DAIA fue aceptada como querellante después de una presentación de su expresidente Ariel Cohen Sabban, antes de cesar en el cargo por un escándalo que involucró a la mediática Esmeralda Mitre. Patrocinado por los abogados Alberto Indij y Gabriel Camiser invocó a la DAIA, pero las defensas de los imputados cuestionaron esa supuesta representatividad. En la carta enviada el jueves a la DAIA, la AMIA la exhortó a corregir ese «grave error de la gestión anterior».

El auto de elevación a juicio que firmó el año pasado el juez Bonadio sostiene que el Memorándum fue presentado públicamente «como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa, cuando en verdad se procuraba la normalización de las relaciones con la República Islámica de Irán, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la Justicia, las víctimas y el castigo de los imputados». El juez habló de un «desmedro de las víctimas», pero las propias víctimas lo desautorizaron. La agrupación de familiares Memoria Activa se pronunció: «¿Qué es el uso y abuso político de la causa AMIA? Esto. Lo venimos denunciando hace años. Basta de usar a las víctimas para intereses ajenos a la verdad y la justicia. Las instituciones comunitarias judías, al igual que los poderes político y mediático, han usado la causa AMIA para sus propios intereses y presionar a la Justicia en base a ello. Tanto la causa armada de la que ahora la AMIA quiere alejarse, como el acto mismo de subirse y bajarse de las denuncias públicas en torno al caso AMIA, son ejemplos claros de que la verdad y la justicia no les importa”.

Bonadio también dijo al mandar la causa a juicio que con el Memorándum el gobierno anterior buscaba «promover otras hipótesis de investigación, (lo que) significaba en la práctica exculpar al gobierno de la República Islámica de Irán». Si «promover otras hipótesis de investigación» significó encubrir el atentado, pues entonces el exsenador y exfuncionario del actual gobierno Mario Cimadevilla debería estar poniendo las barbas en remojo. Tras ser eyectado de la oficina que seguía el juicio por el encubrimiento que se está desarrollando, prácticamente inadvertido, en Comodoro Py, el chubutense firmó un durísimo informe conocido esta semana, en el que sostuvo que la pista iraní es «débil». «

DIAGNÓSTICO

En el mismo informe en el que advirtió esta semana sobre la debilidad de la pista iraní, el radical Mario Cimadevila –despedido de la oficina política que seguía el caso– deslizó también que el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el propio presidente, Mauricio Macri, son encubridores.