El vigésimo cuarto aniversario del atentado contra la AMIA encuentra al juicio oral por encubrimiento (uno de ellos) en su recta final hacia octubre o noviembre, cuando está previsto que se conozca el veredicto. Tres años de juicio (otros tres insumió el proceso anterior, que terminó con la nulidad de todo lo actuado y una amarga sensación de impunidad) no fueron suficientes para esclarecer nada.

Los familiares de las 85 víctimas mortales experimentan una sensación de desazón que no les es desconocida. Desde hace un cuarto de siglo esperan que el Estado argentino les brinde respuestas. Nada mitigará el dolor de las historias truncas, de los sueños rotos, de los dolores irreparables. Pero saber qué pasó podría mínimamente ayudar a cerrar los duelos. Eso no pasó, y todo parece indicar que tampoco va a pasar. 

El juicio oral y público por el encubrimiento de la denominada “pista siria” y el pago ilegal de 400 mil dólares al desarmador de autos Carlos Telleldín con fondos de la ex SIDE está en la etapa de alegatos. El último en pedir la absolución por supuesta ajenidad a la maniobra fue Hugo Anzorreguy, ex titular de la central de inteligencia, a través de su abogado. Anzorreguy, amigo personal de otro imputado, Carlos Menem, sólo asistió a un par de audiencias en estos tres años, afectado por un cuadro de salud que lo tuvo al borde de la declaración de inimputabilidad. Sobre los 13 imputados que tiene el juicio pesan penas que van hasta los 20 años de prisión (para el ex juez Juan José Galeano) y seis para el ex presidente Carlos Menem. Pero ese dato, a la sombra de la decisión política del actual gobierno nacional de retirar la acusación contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, parece anecdótico. 

El Estado es querellante en la causa. No es el único, por cierto, pero tiene un peso específico autónomo y determinante. El Ministerio de Justicia resolvió no formular cargos contra Mullen y Barbaccia y Diana Wasser, de Memoria Activa, denunció en la columna semanal de la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa en la radio AM 530 que ambos “son amigos del ministro Germán Garavano”. Por profunda que sea la relación de amistad, parece insuficiente para tamaña maniobra: el Ministerio corrió del escenario a los abogados que venían siguiendo el juicio y nombró a las apuradas a otros para que en un alegato,cuya validez todavía está en discusión, dejara afuera de las imputaciones a Mullen y Barbaccia. Esa nota parece mostrar el desinterés oficial por el resultado del juicio. Peor aún: el interés parece orientado al fracaso del juicio.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número dos está integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel. Tendrán ellos la responsabilidad primera de emitir antes de fin de año un veredicto sobre los 13 imputados: Galeano, Mullen, Barbaccia, Anzorreguy, Patricio Miguel Finnen, Rubén Ezra Beraja, Carlos Alberto Telleldín, Ana María Boragni, Víctor Alejandro Stinfale, Menem, Juan Carlos Anchezar, Jorge Alberto «Fino» Palacios y Carlos Castañeda. Ninguno de ellos aportó dato alguno que permitiera avanzar en el esclarecimiento (aunque más no fuera por vía indirecta) del atentado del que este miércoles se cumplen 24 años. Ninguno se quebró, ninguno aportó información nueva. Una obcecada reiteración de negativas mantiene a los familiares de las víctimas en ascuas, mezclando de a ratos la indignación por lo que consideran mentiras pueriles y una percepción creciente (y renovada) de impunidad.

Los actos de conmemoración que se realizarán este miércoles frente a la reconstruida sede de la mutual derruida en 1994, en Pasteur 633, volverán a mostrar un divorcio entre la dirigencia institucional de la comunidad judía y los familiares de las víctimas., El mandato ancestral, “Justicia, justicia perseguirás”, se diluye en el tiempo y se vuelve cada vez más una ilusión lejana con gusto a inalcanzable.