Los diputados nacionales del Frente para la Victoria Héctor Recalde – presidente del bloque- y Abel Furlán -vicepresidente de la comisión de Legislación del Trabajo- ampliaron este lunes la denuncia que habían realizado hace una mes ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el gobierno nacional por «sus actos y expresiones de interferencia indebida al Poder Judicial”.

La ampliación incluye las declaraciones del 12 de junio del presidente Mauricio Macri sobre una supuesta “mafia de los juicios laborales” que tendría al propio Recalde como jefe.

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También incorpora la propuesta –aprobada por mayoría- del representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques, de analizar los posteos en Facebook del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Enrique Arias Gibert, “en grave violación de la intimidad y su esfera de privacidad.”

En conferencia de prensa, Recalde dijo que el gobierno “busca condicionar la independencia de criterio de los jueces a cargo de la Justicia Nacional del Trabajo en la protección de los derechos que la normativa nacional e internacional reconoce a los trabajadores”.

En ese sentido, remarcó que «ataca también a los abogados laboralistas que representan a los trabajadores, como una forma de amedrentamiento a estos últimos».

Los denunciantes agregaron que «los embates del Gobierno contra los jueces laborales no constituyen solo una injerencia indebida en asuntos de otro poder del Estado, sino que su motivación se encuentra en los derechos que tales jueces han ordenado respetar, que son derechos reconocidos y garantizados por convenios de la OIT.”

Tras recibir a trabajadores despedidos de las ciudades bonaerenses de Zarate, Campana y Baradero, Recalde expresó: «Si algo ha caracterizado a nuestro país es la razonabilidad de los juicios laborales; si partimos de la base de que cada uno de los 4.500.000 trabajadores en negro tiene derecho a hacer un pleito”.

Además, aclaró que “de cada 20 accidentes de trabajo, hay un solo juicio”, y recordó la existencia de un proyecto de ley presentado por su bloque para «asesorar gratuitamente a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia laboral o judicial».