Los querellantes en la causa de los «aportantes truchos» a la campaña electoral de Cambiemos pidieron este jueves al juez federal penal Ernesto Kreplak que cite al periodista al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon para que brinde información sobre el pedido de dinero «en negro» que contó que el presidente Mauricio Macri pidió a los empresarios en 2015.

En el escrito, al que accedió Tiempo, los trece querellantes de Quilmes, patrocinados por el abogado Luis Alén, propusieron a Kreplak como medida probatoria que el magistrado cite al periodista para que ratifique o rectifique sus declaraciones sobre el financiamiento de la campaña de Cambiemos ya que consideran que esa información es de interés para la investigación. 

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En el último libro de su autoría, Alconada Mon sostiene que el jefe de Estado llegó a pedir a empresarios «el 1% de su patrimonio» para financiar la campaña del PRO ya que el 99% restante «iba a valer mucho más» si él llegaba a la Casa Rosada. Pero además, el periodista asegura que también les pidió que el dinero no fuera declarado. 

“En declaraciones que tomaron estado público, el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon refirió que Mauricio Macri reclamaba a los empresarios que aportaran para su campaña el 1% (uno por ciento) de su patrimonio, y les decía que prefería que sus aportes fueran en negro”, sostiene la querella en el escrito. 

Agrega que “como ello marcaría un ‘modus operandi’ que se habría utilizado para el financiamiento de las campañas de la Alianza Cambiemos, y toda vez que V.S. investiga, entre otros posibles ilícitos, el presunto lavado de dinero, entiendo que resulta útil para la causa citar a prestar declaración testimonial a Hugo Alconada Mon para que, con el debido respeto a la reserva de las fuentes de información periodística (art. 43 CN), ratifique o rectifique tales declaraciones y aporte cuanto dato pueda resultar de interés para el éxito de las investigaciones”. 

Kreplak inició su investigación sobre los aportantes truchos en julio tras una denuncia de la senadora de Unidad Ciudadana Teresa García. Primero aceptó como querellantes a vecinos de Villa Itatí que son beneficiarios de planes sociales y que figuran en los listados de aportantes del PRO sin estar afiliados a ese partido ni haber puesto un peso para la campaña 2017, y luego sumó a docentes afiliados al SUTEBA que se encuentran en la misma situación. 

A fines de agosto, el juez federal con competencia electoral Adolfo Ziulu pidió unificar en su juzgado todas las causas relacionadas con el financiamiento de la campaña del oficialismo, al hacer lugar a un pedido de los apoderados del PRO bonaerense. Tanto Kreplak como el juez Sebastián Casanello -que investiga también los aportes truchos a raíz de una denuncia de La Alameda- rechazaron ese pedido de inhibitoria por entender que se investigan delitos distintos a los del ámbito electoral. En concreto, ambos magistrados investigan la comisión de los presuntos delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos y lavado de activos, entre otros. 

La disputa por la competencia aún está por definirse. La tesorera del PRO y ex contadora de la provincia, Fernanda Inza, apeló la resolución de Kreplak en la que rechazó dejar las actuaciones en manos de Ziulu. Ahora será la Cámara Federal de La Plata la que resuelva cómo sigue la pulseada.