En su primera conducta positiva en la causa en la que está imputado por espionaje ilegal a los familiares de víctimas del ARA San Juan, el ex presidente Mauricio Macri proclamó su “absoluta inocencia”, apeló la prohibición de salir del país (pese a que está en el exterior y aún no regresó) y evitó confirmar si se presentará a la indagatoria prevista para el próximo 20 de octubre.

Macri designó como abogados al ex fiscal Pablo Lanusse y a Jimena Pisoni y pidió para ellos el plazo procesal previsto para que puedan compulsar el expediente. 

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La designación de los abogados particulares se produjo sobre el filo del plazo procesal. En la víspera, la abogada Valeria Carreras –quien representa a la mayoría de las querellas de familiares de los marineros muertos en el ARA San Juan- había pedido que se le designara un defensor oficial.

El artículo 106 del Código Procesal Penal establece que “el defensor tendrá derecho a examinar los autos antes de aceptar el cargo. Tendrá tres días para hacerlo, bajo apercibimiento de tener el nombramiento por no efectuado”. Según cómo se compute el inicio de ese plazo, Lanusse estaría en condiciones de aceptar el cargo de defensor de Macri el próximo martes 19 o incluso el mismo miércoles 20, para cuando está prevista la indagatoria.

Con el estilo formal y respetuoso pero vehemente de Lanusse, Macri cuestionó al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava. “Luego del estrépito generado por vuestra decisión del pasado 1° de octubre de 2021, donde reconocía desconocer mi domicilio, este Juzgado recién pudo cumplir con su deber de comunicar lo allí resuelto a mi respecto el día 6. Pese a encontrarme fuera del país, como era y es de público conocimiento, vengo en tiempo y forma a presentarme en autos, sin que ello signifique reconocer ni consentir en el Sr. Juez las garantías que me confieren los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“Lo hago –añadió- convencido de mi absoluta inocencia en los supuestos hechos que se me pretenden atribuir y como derivación de mi respeto y sujeción a las instituciones de la República”.

Macri está acusado por “asociación ilícita” mediante la violación de la ley de Inteligencia. Como jefe del Estado, se valió de información de inteligencia ilegal producida por la AFI (específicamente la delegación Mar del Plata y los jefes de la central de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani) para conocer el pensamiento y las actividades de los familiares de las víctimas del submarino y anticiparse a sus reclamos.

En ese contexto, el juez Bava dispuso la prohibición de salida del país del ex presidente. Macri apeló esa decisión: “lo dispuesto carece de todo tipo de fundamentación, y por ende aniquila y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, libre circulación y tránsito, principio de inocencia, proporcionalidad y razonabilidad”.