A tres años del hundimiento del submarino ARA San Juan, todas las miradas volvieron a posarse sobre el expresidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad, acusados esta semana de ocultar el lugar del hallazgo de la nave durante casi un año, a pesar del dolor de los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos. Los denunciantes creen que la maniobra tuvo que ver con un negociado millonario vinculado a la exploración de recursos en esa región del Atlántico Sur.
Esta última denuncia por encubrimiento agravado está siendo analizada por el Juzgado Federal N°12, a cargo del juez subrogante Sebastián Casanello, quien deberá establecer si se queda o no con la causa. Es que la querella representada por la abogada Valeria Carreras considera que estos episodios ocurrieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entre el Edificio Libertad, el Ministerio de Defensa y la Casa Rosada, el 5 de diciembre, a 20 días del último contacto. La acusación incluye, además de Macri y Aguad, a la exsecretaria de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Defensa, Graciela Villata, y al capitán de fragata Germán Zarralanga, entre otros.
Este nuevo capítulo fue abierto por el contralmirante Enrique López Mazzeo, uno de los seis procesados por “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio” en la causa que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. En retrospectiva, el imputado había dado varias señales, tanto en sede judicial como en el ámbito político, de que el gobierno de Macri sabía dónde yacía el submarino a los pocos días de su desaparición, y sin embargo prefirió omitir el dato. Como se sabe, la nave fue encontrada el 17 de noviembre del año siguiente.
“Esto es algo que ya lo sabíamos. Lo declaró ante la Comisión Bicameral de Investigación que funcionó en el Congreso y también lo mencionó en una causa paralela que investiga la búsqueda del ARA San Juan. Lo que dejó en evidencia este testimonio que se dio ante la Cámara Federal de Comorodo Rivadavia (que analiza la apelación a los procesamientos de Yáñez) es que se debe revisar toda la investigación de la jueza, que fue cuestionada por nosotros”, señala el abogado querellante Luis Tagliapietra (padre de Alejandro, uno de los submarinistas muertos), que pidió el apartamiento de la jueza.
El 25 de noviembre del año pasado, López Mazzeo fue indagado por Yáñez. Podía negarse a declarar y hasta mentir. Optó por hablar y en cierto momento de su relato sacó un papel y leyó un texto escrito previamente: “Nunca presencié mayor ignominia hacia la Armada, que la actitud cobarde y mentirosa de quien fuera su jefe en aquellos momentos (Marcelo Srur), así como la de algunos pocos que lo secundaron y de quienes, movidos por intereses personales, causaron la demora en el hallazgo del naufragio, ignorando y desprestigiando el trabajo profesional al que afanosamente se entregó el personal naval durante la búsqueda de sus camaradas naufragados”. El mensaje pasó inadvertido.
Un año más tarde, el último 29 de octubre, López Mazzeo tuvo otra oportunidad y no la dejó pasar. Esta vez ante la Cámara de Comodoro, donde no ahorró detalles: “Cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera, que fue el cierre del Caso SAR («búsqueda y rescate»), teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, fueron los dichos del contralmirante, según reconstruyó la abogada Carreras en su denuncia presentada este miércoles contra Macri y Aguad.
Con estas precisiones, la abogada recorrió los elementos volcados en diferentes expedientes y estableció que el dato clave había surgido del buque oceanográfico Cabo de Hornos, de la Armada chilena, que a través del sonar había detectado un elemento que podía ser metálico, de unos 30 metros de largo, a poco más de 900 metros de profundidad en esa zona. Aquel día, el vocero de la Armada, el capitán Enrique Balbi, reconoció la tarea del buque trasandino pero le restó importancia.
Carreras expresa sus expectativas a Tiempo: “A cumplirse el tercer aniversario, estamos esperando que el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resuelva sobre las apelaciones y especialmente sobre el pedido del fiscal Norberto Bellver, adhiriendo a la querella de familiares, imputando a Mauricio Macri, Aguad y Srur”, indicó en referencia a la causa de Yáñez donde pretenden agravar las figuras penales que pesan sobre los seis procesados.
Oportunidad en la tragedia
La querella encabezada por Carreras, que comparte su trabajo con Fernando Burlando y Lorena Arias, cree que la maniobra de dilación estuvo vinculada al aprovechamiento de la tragedia para hacer negocios, por lo que pidió que se investigue la posible vinculación con la licitación, en diciembre de 2017, de la zona de exploración y explotación de gas, petróleo e hidrocarburos coincidente con la región donde se encontró el submarino.
Carreras recuerda que en aquel momento impugnó a la empresa Igeotest, especializada en prospecciones del lecho marino y tendido de plataformas de hidrocarburos, que había sido contratada de manera directa por el gobierno para las tareas de búsqueda. El fiscal Federico Delgado certificó que hubo direccionamiento y el expediente continúa en curso. La gestión Macri dio marcha atrás y volvió a llamar a licitación, pero con cláusulas muy elocuentes: la empresa que se hiciera cargo debía hacer un relevamiento y batimetría completa, estudios considerados clave para la explotación de los recursos.
El dolor de las familias
“Queremos llegar hasta las últimas consecuencias para que se sepa la verdad, porque sin ella no va a haber justicia. Ahora se confirma que especularon con nuestro dolor, pero nos sentimos desde el primer momento destratados. Pensaron que íbamos a dejar todo ahí. Nunca vamos a olvidar a los chicos”, dijo a Tiempo Alejandra, hermana del submarinista Alberto Sánchez.
Isabel Polo, hermana del cabo primero Alejandro Polo, recordó: “Tuvimos que encadenarnos casi dos meses para que retomaran la búsqueda, mientras nos espiaban e intentaban hacer negocios. Lo que atravesamos fue de un cinismo y una perversión tremenda”.
El espionaje a los familiares
El juez Alejo Ramos Padilla investigará el espionaje realizado a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La causa estaba en manos de la justicia federal de Mar del Plata, que esta semana remitió las actuaciones a Dolores, por considerar que se trata de un desprendimiento de la investigación de la banda integrada por periodistas, funcionarios judiciales y el falso abogado Marcelo D´Alessio.
Este diario pudo saber que la querella representada por los abogados Valeria Carreras y Fernando Burlando no apelará la medida. Esta causa paralela se inició a partir de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño.
Un inédito Consejo de GuerraMientras avanzan las diferentes causas penales, se convocó al Consejo General de Guerra para todos los involucrados relacionados con el hundimiento del ARA San Juan. Se trata del máximo órgano de la justicia castrense, que si bien no tiene facultades penales sí puede decidir sanciones administrativas, como la destitución.
La medida fue dispuesta por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Juan Martín Paleo, y el tribunal, que se conformará por primera vez en la historia desde que se derogó el viejo Código de Justicia Militar; comenzará el debate el próximo 25 de noviembre, cuando seis altos funcionarios de la Armada se sienten en el banquillo de los acusados.
Cronología de una tragedia
15 de noviembre de 2017
Poco antes de las 9, se registra el último contacto con el submarino a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Días después, se sabe que la tripulación había advertido el ingreso de agua a las baterías y que hubo un principio de incendio.
16 de noviembre
Por la noche se dispone el procedimiento SAR SUB de búsqueda y rescate. Al día siguiente se suman a las tareas decenas de barcos y aviones de 18 países.
30 de noviembre
El gobierno argentino da por terminada la posibilidad de hallar sobrevivientes. Sigue la búsqueda de los restos.
15 de enero de 2018 Se conforma la Comisión Bicameral de Investigación sobre el caso.
27 de junio
Un grupo de familiares se encadena en Plaza de Mayo durante 50 días en reclamo del inicio de la búsqueda.
17 de agosto
Se contrata a la empresa estadounidense Ocean Infinity, que cobraría 7,5 millones de pesos solo si encontraba al submarino.
10 de septiembre
El buque Seabed Constructor reinicia la búsqueda y se le da un plazo de 120 días.
17 de noviembre
El gobierno informa que se encontraron los restos del ARA San Juan, a 907 metros de profundidad y a 15 kilómetros del último punto de contacto registrado antes de su desaparición.
29 de octubre de 2020
El contralmirante Enrique López Mazzeo declara ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que el 5 de diciembre de 2017 estaba todo dado para que Gran Bretaña enviara un vehículo autónomo al lugar donde ya habían detectado el submarino.
30 de octubre
El fiscal Norberto Bellver adhiere al pedido de las querellas y pide imputar a Macri y a Aguad, entre otros funcionarios, en la causa en la que ya hay seis integrantes de la Armada procesados por estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio.
11 de noviembre
La abogada querellante Valeria Carreras denuncia a Macri y Aguad por encubrimiento agravado. Sospechan que sabían dónde se encontraban los restos y lo ocultaron.«
