Los trabajadores de la agencia estatal de noticias Télam fueron exculpados ante las acusaciones del directorio que encabezó Rodolfo Pousá durante el gobierno de Cambiemos, tras causar 352 despidos injustificados.

La decisión de la jueza federal María Servini, a instancias de la fiscal Paloma Ochoa, de “archivar” la denuncia que había formulado el anterior directorio de Télam, a través de su apoderado, el abogado Jorge Monastersky, quedó firme.

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Ello significa el fin de la acción penal iniciada por Pousá contra los trabajadores que, ante la salvaje ola de telegramas de cesantía, generaron un espacio en internet y redes sociales para informar sobre el conflicto gremial y mantener un servicio de noticias de acceso libre y gratuito.

La conducción anterior de la agencia estatal denunció a los trabajadores por el supuesto “uso indebido de la marca Télam, causando un perjuicio a la empresa al generar publicaciones ajenas a la agencia oficial de noticias”.

Esos sitios creados por los trabajadores, bajo el dominio “SomosTélam.com” afectaban –según la conducción de Pousá, defendida por el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi – a la credibilidad de la empresa estatal en manos del macrismo por cuanto “propagaría noticias que tienen que ver con temas sindicales y otras notas de carácter periodístico que pueden provocar a error a lector desprevenido de si se trata de la página web de la Agencia Oficial del Estado Argentino o no”.

La causa se inició en 2018 y ya por entonces la fiscal Ochoa había dictaminado que “a simple vista se aprecia al ingresar (a los sitios) que se presenta como ‘la cuenta de los trabajadores y trabajadoras de TELAM’  (…) Se aprecia la explícita diferencia con la agencia de noticias Télam, cuyas autoridades resultan destinatarias de sus críticas, resultando manifiesto que los usos dados a las redes sociales denunciadas no tienen intención de ser confundidas con las oficiales y carecen de entidad objetiva para engañar al público consumidor”.

La Sala Segunda de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, revocó aquel primer cierre de la causa a favor de los trabajadores. Los camaristas consideraron que  «no puede descartarse que personas no individualizadas habrían utilizado las instalaciones, herramientas de trabajo y banco de clientes de la agencia TELAM sin su autorización, buscando provocar su descrédito y por ende no puede descartarse que se haya cometido un delito de acción pública».

Con el cambio de gobierno, Pousá y Monastersky cesaron en sus funciones y la nueva conducción de la agencia desistió de hecho de continuar con la causa penal.

En ese contexto, la jueza Servini determinó que “no se ha logrado establecer que quienes encabezaran el dominio análogo acusado hubieren hecho uso de las instalaciones o medios de la misma agraviada para provocarle un perjuicio a su empleadora distinto a la propaganda gremial relevada”.

“No resulta posible proseguir la instrucción, más ante el desistimiento de hecho de la parte querellante al no presentar nuevos apoderados y representantes, debiendo en consecuencia archivar las presentes actuaciones”.

La medida acaba de quedar firme.