Con la ampliación de la denuncia penal por contrabando que presentó esta semana el gobierno contra el expresidente Mauricio Macri y parte de sus ministros, la investigación por el envío de armas y municiones a Bolivia entrará en una etapa de definiciones. Las pruebas de la operación, tal como anticipó este diario, ya fueron exhibidas el lunes pasado por la policía boliviana y los nuevos datos que tiene la ampliación cierran un círculo sobre las responsabilidades materiales, pero no sobre la coordinación política previa que originó el envío. Sin embargo, los gendarmes involucrados ya comenzaron a desvincularse por distintos medios del avance del caso.

En La Paz la policía boliviana mostró una parte del arsenal recibido el 13 de noviembre en la madrugada, en un cargamento trasladado por un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que salió del aeropuerto de El Palomar con once efectivos del Grupo Alacrán de Gendarmería. Las armas, municiones y efectivos iban formalmente a proteger la embajada argentina en la capital boliviana, cuando solo habían pasado tres días del golpe, que originó la renuncia forzada del presidente constitucional Evo Morales a partir de las presiones de las Fuerzas Armadas y de la policía. La mayor incógnita de la pesquisa material sobre el cargamento es cómo llegaron 70 mil balas antitumulto 12/70. El lunes fue exhibida una parte. “Queda claro entonces que las 26.900 balas antitumulto 12/70 encontradas en el depósito de la Policía de Bolivia son parte de las 70 mil balas de goma que la Gendarmería pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia”, sostiene la ampliación de la denuncia que firmaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; su par de Justicia, Martín Soria; y la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont.

La conclusión es el resultado de la hoja de ruta que recorrió desde que fueron comprados. “La Gendarmería tenía en su poder, desde noviembre de 2018, la cantidad de 92.400 cartuchos antitumultos fabricados por Fabricaciones Militares, sede Fray Luis Beltrán”, sostiene la denuncia. “A partir de los hallazgos en los depósitos de la Policía Boliviana, resulta concluyente que por lo menos 26.900 de esos cartuchos terminaron sus manos”, asegura el texto.

Todavía no se sabe a dónde fueron a parar las otras 40 mil, pero es posible que hayan terminado en manos militares y la peor sospecha es que fueron utilizadas por fuerzas castrenses y policiales en las represiones desatadas en las ciudades de Senkata y Sacaba.

El fiscal Claudio Navas Rial avanza en una serie de medidas y el juez federal Javier López Biscayart habilitó la feria para concretarlas. Sigue en pie la posibilidad de que decrete el secreto de sumario. Todavía no comenzaron a desfilar los imputados y la ampliación de la denuncia aporta nuevos contornos, porque quedan cada vez más comprometidos los uniformados que intervinieron en el envío. Se trata de el exdirector de Operaciones, Carlos Miguel Recalde; el excomandante y exdirector de Logística, Rubén Carlos Yavorski; y el exdirector de la fuerza Gerardo José Otero.

En la denuncia hay otro elemento que involucra a Otero. Es un informe firmado por el comandante de Gendarmería acreditado en la embajada, Adolfo Caliba. En uno de los “informes sobre la situación social en Bolivia” que le envió a Otero en forma regular, durante octubre y noviembre de 2019, le dice que participó de una reunión con la “nueva conducción de la Policía Boliviana”. Fue el 17 de noviembre de 2019, una semana después del golpe. “El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock”, escribió Caliba. Y agregó que les contó a sus pares bolivianos que Gendarmería estaba comprando elementos y le trasladó el pedido a Seguridad. Es curioso, dicen los denunciantes, porque los 70 mil cartuchos ya habían llegado en forma clandestina.

Recalde aseguró en informes internos que todos los materiales fueron utilizados por los efectivos. Ese punto ya fue derribado por las pruebas que fueron exhibidas en Bolivia y por los dos escritos que tiene López Biscayart. A eso se suma que los efectivos del grupo Alacrán ya sostuvieron en sus descargos internos que nunca vieron el cargamento de cartuchos y que no utilizaron municiones en pruebas de tiro.

Este sábado, el diario La Nación reveló que el miércoles pasado hubo una reunión encabezada por Bullrich, donde participaron el excanciller Jorge Faurie y el exministro de Defensa, Oscar Aguad. También estuvo el abogado del expresidente Pablo Lanusse, y dos exfuncionarios clave. Diego D’Avila, que estuvo al frente de la Aduana entre 2017 y 2019; y Eugenio Horacio Cozzi, exdirector de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Este exfuncionario es señalado como el responsable de “modificar la regulación para la salida” de los materiales el 7 de noviembre de 2019, con una decisión administrativa que comenzó “el 24 de octubre de 2019”.

No estuvo ninguno de los jefes de Gendarmería señalados en la investigación. La estrecha relación que uniformados como Otero tuvieron con la gestión de Bullrich parece diluirse. Según supo este diario, el exdirector está preocupado por el avance de la investigación y el alcance de las responsabilidades sobre la operación del envío.

Además de la causa judicial, también avanza el sumario interno donde cada uno de los señalados debe hacer su descargo. El expediente es mantenido en absoluta reserva y será parte de la prueba que tendrá López Biscayart en sus manos.

Otro capítulo tiene que ver con la responsabilidad de Defensa y el involucramiento castrense.

La Fuerza Aérea le informó al juez que los 70 mil cartuchos “no estaban declarados”. El dato contrasta con la nota que firmó el comandante mayor Fabián Salas, jefe de la Agrupación de Fuerzas Especiales Alacrán. Se la dirigió al comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea, para informarle de la operación para proteger la embajada. La nota desmiente el informe enviado a López Biscayart, pero demuestra que Salas también sostenía que el material estaba dentro de la misión. Para los denunciantes eso demuestra su complicidad con la cadena de mandos de Gendarmería, pero también de la Fuerza Aérea y de Aguad que, según los documentos internos, les habría realizado el pedido de la misión en forma verbal. «