El asesinato de Alejandro Nicolás Martínez en la comisaría de San Clemente del Tuyú puso de manifiesto no sólo la violencia policial extrema sino también el mal abordaje para situaciones relacionadas con la salud mental. Según los datos de la Comisión Provincial de la Memoria, durante el año pasado se registraron tres asesinatos por parte de policías a personas con padecimientos mentales que estaban detenidas en comisarías o centros penitenciarios. Las organizaciones de derechos humanos reclaman el accionar urgente del Estado para que no queden en manos de las fuerzas de seguridad, que no están capacitadas para actuar.

Nueve policías bonaerenses están detenidos por el asesinato de Alejandro Martínez, de 36 años, en la Comisaría tercera de esa localidad de la costa. Ocurrió el jueves 18 de noviembre.

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El hombre estaba hospedado en un hotel y fue aprehendido luego de una situación de gritos en la habitación en la que se encontraba solo. Según relatan las empleadas del lugar, gritaba que se prendía fuego en una especie de brote. En las imágenes del hotel se ve como es traslado sin oponer resistencia. El sábado, los policías dieron aviso de la muerte de Martínez y armaron una versión sobre una muerte natural. Sin embargo, tres de ellos, Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra, están acusados de  “homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial, abusando de su función y de “tortura y abandono de persona seguido de muerte”.

Las otras seis personas, Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garófalo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarullo, son investigadas como partícipes necesarias del homicidio y “omisión de evitar tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte”. La autopsia determinó que Martínez murió por “asfixia mecánica” y que recibió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.

Esto muestra la violencia policial extrema que se vive en diferentes instituciones de la provincia de Buenos Aires y del país, pero también la incapacidad del sistema para abordar situaciones vinculadas con la salud mental, que en los casos más extremos termina con la muerte.

La Comisión Provincial por la Memoria se presentó como particular damnificado en la causa y tiene intervención. Su secretario, Roberto Cipriano, explicó que se investigan situaciones previas de Martínez en las que intervino la policía local. “Un tema central es que se trata de una persona que estaba en una crisis aparentemente por un cuadro de salud mental. Lo que tendría que haber pasado ahí es que la policía no intervenga, que directamente llame a la ambulancia y sea abordado por los dispositivos de salud. Ese es un reclamo que venimos haciendo al gobierno provincial”, le dijo a Tiempo.

Además destacó que estos abordajes violentos se dan con frecuencia. “El año pasado registramos tres casos similares de personas con padecimiento mental que terminaron asesinadas por la policía o en servicios penitenciarios. Personas que en lugar de llevarlas a un hospital las llevan a una comisaría o lugar de detención y la forma de contenerlo es a través de la golpiza. Suponen que la golpiza contiene la excitación que provoca el cuadro que esta persona padece. Ahí hay una deuda pendiente del Estado provincial que tiene que generar rápidamente protocolos de intervención donde esté claro que si hay una persona con padecimiento mental, tiene que intervenir el Ministerio de Salud, no la policía. Es un tema grave, central, que tiene que resolverse pronto porque estos casos se siguen reiterado”, agregó.

En el mismo sentido se expresó Mariano Lanziano, coordinador del equipo Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que explicó que se reitera “el uso de la violencia como única forma de intervención sea cual sea el conflicto: contravenciones o delitos leves. Todo termina en una comisaría con una intervención policial violenta”. 

“No queda claro si hubo algún tipo de resistencia por parte de él, pareciera que no. Se alega que pudo haber tenido alguna reacción que no controlaron y la intervención fue golpearlo hasta que lo asfixiaron y lo mataron. Estas son prácticas que suceden constantemente y tienen que ver con no pensar intervenciones que requieran de algún tipo de abordaje más complejo por parte del Estado como situaciones de salud mental y adicciones”, le dijo Lanziano a este diario.

Además indicó que es necesario pensarlo desde un abordaje no penal o punitivo. “No debería ser la policía la que intervenga en ese caso. El problema central es ese, más allá de que deberían estar entrenados y preparados para casos de estas características. El abordaje del Estado debería pasar por otros lugares, no por la intervención penal. El uso de la fuerza termina en esto. La Ley de Salud Mental tiene dispositivos interdisciplinarios muy concretos para este tipo de intervención que no tienen al uso de la fuerza como centralidad”, afirmó.