El Gobierno porteño fue autorizado a negociar y firmar contratos con laboratorios para la compra de vacunas contra el coronavirus, a través de una ley sancionada por la Legislatura, en la que se eliminó, a pedido de Juntos por el Cambio, a la conducta negligente de parte de las farmacéuticas entre las causales de eventuales reclamos indemnizatorios ante alguna falla.

La norma fue aprobada en general, durante la sesión ordinaria, con 54 votos positivos de casi todos los bloques del oficialismo y del arco opositor, mientras que los cuatro diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de Autodeterminación y Libertad optaron por la abstención.

La ley habilitó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios” para la adquisición de vacunas y estableció, en ese marco, la posibilidad de incluir cláusulas de confidencialidad y condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias.

En su versión original, el proyecto de Rodríguez Larreta era similar al sancionado en el Congreso nacional y en la Legislatura bonaerense respecto del artículo que establece que el Estado a cargo de la compra de vacunas debe afrontar la indemnidad patrimonial ante posibles fallas en las vacunas por parte de los laboratorios “con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.

No obstante, durante el debate que se dio la semana pasada del proyecto en la Comisión de Presupuesto, el propio bloque oficialista porteño, que preside el legislador Diego García Vilas, pidió por la modificación de la ley a partir de la eliminación de la frase que enumeraba las excepciones, lo que motivó el rechazo en ese momento -y que se replicó hoy en la sesión- del bloque del Frente de Todos (FdT).

Al respecto, el legislador del FdT Javier Andrade manifestó en el recinto el apoyo de la ley “en general” para que “se pueda avanzar en las negociaciones para la compra de más vacunas para los habitantes de la Ciudad”, no obstante, advirtió que desde su espacio se abstendrían en el apartado en el cual se aplicó la reforma impulsada por el oficialismo porteño con la eliminación de la palabra negligencia.

“No vamos a actuar como visitadores médicos ni entregar las Malvinas para negociar con un laboratorio”, manifestó Andrade, en alusión a las polémicas declaraciones formuladas, semanas atrás, por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en las que planteó la posibilidad de ofrecer las Islas Malvinas a la farmacéutica Pfizer para alcanzar un acuerdo con ese laboratorio para la provisión de vacunas a nivel nacional.

Por su parte, García Vilas consideró que “sacar o poner la palabra negligencia es una discusión absurda”, tras lo cual pidió a los diputados “abandonar la grieta ideológica para trabajar en conjunto”.

La ley sancionada, en tanto, estableció que “las cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se pudieran adoptar quedan expresamente exceptuados del deber de divulgación, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 104”, el cual fija los límites en el Acceso a la Información.

También, crea una Comisión Especial en la Legislatura para el seguimiento de los acuerdos aprobados y ante la cual el Ejecutivo deberá informar cada 30 días sobre las adquisiciones realizadas y la distribución territorial de las vacunas.

“La Comisión estará integrada por cinco diputados de las comisiones de Salud y Presupuesto, los que serán designados por la Vicepresidencia Primera” de la Legislatura -a cargo del oficialista Agustín Forchieri-, precisa el proyecto y agrega que los miembros “que tengan acceso a información suministrada por el Poder Ejecutivo, adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información”.