A pesar de haber asegurado que el Ejecutivo no tiene injerencia alguna en el acuerdo de colaboración al que llegará la empresa brasilera Odebrecht y la justicia argentina, el ministro Germán Garavano volvió a reunirse a puertas cerradas con los abogados de los sospechosos.
Según informó el portal Infobae, el encuentro tuvo lugar el sábado a las 9:30 de la mañana en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos, en la ex Esma, donde se dieron cita el ministro Garavano y el abogado que representa a la empresa Odebrecht en el país, Guido Tawill. Cada uno de los protagonistas contó con dos colaboradores: por parte de Garavano estuvieron Eugenio Curia, coordinador de Asuntos Internacionales, y Marcos Salt; junto a Tawill, asistieron los abogados Pablo Maggio y Edgard Abreu Rocha Silva.
Esta es la segunda reunión que el gobierno lleva adelante con representantes de Odebrecht. La primera fue el martes pasado cuando la empresa ofreció un acuerdo de colaboración. La negociación debía continuar al día siguiente, pero se suspendió porque momentos antes del encuentro, el juez Sebastián Casanello allanó las oficinas de Odebrecht luego de un pedido del fiscal Federico Delgado. Según se supo, también iban a ser parte de la reunión la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso y el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
Finalmente, la postergada reunión se llevó adelante el sábado, donde según Infobae el gobierno se hizo de un nuevo documento, que fue girado ese mismo día a la Procuración del Tesoro y a la Oficina Anticorrupción, quienes deberían dictaminar sobre el polémico acuerdo de colaboración.
Tiempo dio a conocer en su edición dominical cómo el gobierno traba burocráticamente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, algunos de los pedidos realizados a los funcionarios judiciales brasileros por parte de los fiscales Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli, Federico Delgado, Sergio Rodríguez y Franco Piccardi, quienes tienen a su cargo la investigación del capítulo local de las coimas que pagó Odebrecht para poder operar en Argentina.
Este diario también publicó la intención del Ejecutivo de puentear a la procuradora Alejandra Gils Carbó y controlar así, los daños que pudieran provocarle al oficialismo las revelaciones de los empresarios corruptos. Más allá de las obras que Oderbrecht acordó con el kirchnerismo, y que hoy están todas puestas en duda, la firma participa de los trabajos en el soterramiento del ex Ferrocarril Sarmiento que fueron rubricados por Mauricio Macri. Es que según confesó el brasilero Leonardo Meirelles a la justicia de ese país y ante los fiscales Delgado y Rodríguez, le pagó más de 800.000 dólares a Gustavo Arribas, titular de la AFI y amigo personal del presidente.
