El Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas que dictaminó que la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, es arbitraria y exigió la inmediata libertad, comenzó este lunes la visita al país que tenían previsto luego de la invitación del Gobierno, que aún no cumplió ninguna de las disposiciones de la resolución del 27 de octubre del año pasado. En el primer día se reunieron con funcionarios de Derechos Humanos y la Defensoría General de la Nación (DGN). Está previsto que viajen a la provincia de Jujuy el miércoles, donde desde enero de 2016 está presa la diputada del Parlasur, donde aún no confirrmaron reuniones con abogados de Sala. También irán a Chubut.

La delegación del GTDA está encabezada por Sètondji Roland Adjovi, titular de ese organismo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y por Elina Steinerte, vicepresidente de comunicación, y llegó este lunes en lo que se convirtió en la segunda visita al país; la anterior fue en 2003. La misión se extenderá hasta el 18 de mayo: ese mismo día el Grupo realizará una conferencia de prensa para dar un informe preliminar.

El primer encuentro fue con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Brian Schapira, y el jefe de Gabinete de la secretaría, Leonardo Zsuchet. “Se abordaron temas relacionados con el avance de la creación de los mecanismos nacionales y provinciales de prevención de la tortura, la situación en cárceles, prisión preventiva y los procesos de reforma judicial trabajados a través del Programa Justicia 2020”, informó la secretaría en un comunicado.

Avruj fue quien invitó al Grupo de Trabajo al país. El convite fue cursado en noviembre del año pasado, en Ginebra, en un intento del Estado Argentino de congraciarse con ese organismo internacional que unos días antes, había pedido la liberación de Milagro Sala. La invitación fue parte del despliegue de gestualidades del gobierno para intentar revertir el golpe político en el plano internacional, que incluyó una convocatoria a la CIDH, que la última vez que visitó Argentina fue durante la dictadura cívico militar. El organismo llegará al país el próximo 22 de mayo.

El domingo, en la víspera de la llegada del Grupo al país, el abogado Juan Grabois, de la CTEP, presentó en una reunión convocada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), los casos principales que afectan a los trabajadores de la economía popular e integrantes de organizaciones sociales, como las torturas a dos jóvenes en el ataque al Comedor lnfantil Cartoneritos, y las detenciones a trabajadores de empresas recuperadas, horticultores, vendedores ambulantes y cartoneros.

En esa reunión, Grabois también resaltó la necesidad de que se garantice el cumplimiento de las resoluciones de organismos internacionales sobre la detención arbitraria y “demostradamente injusta” de Sala.

El Grupo de Trabajo aceptó la invitación a visitar la Argentina en diciembre pasado, pero fue el propio Adjovi quien advirtió que se trataba de una visita independiente de la situación de Milagro Sala, y que la única respuesta posible del Estado argentino la resolución del organismo era la liberación de la dirigente social. Durante los siguientes diez días los especialistas de la ONU visitarán cárceles, instituciones de salud mental y comisarías y se reunirán con personas pribadas de su libertad. Tienen previsto recorrer la Ciudad, y las provincias de Buenos Aires, Jujuy y Chubut. En esos lugares anunciaron que “mantendrán encuentros con las autoridades federales y locales, integrantes de la sociedad civil y sectores interesados para elaborar un panorama completo y objetivo de la amplia variedad de cuestiones relativas a la privación de la libertad en la Argentina”.

La resolución número 31 que el Grupo emitió en octubre de 2016 consideró “arbitraria” la detención de Sala y pidió su excarcelació inmediata. Como toda respuesta, el gobierno de Mauricio Macri, invitó al organismo a visitar el país.El organismo de la ONU falló luego de una denuncia presentada por Amnistía Internacional, Andhes y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Los últimos esperan poder reunirse con los representantes del Grupo, aunque ese encuentro quedó supeditado a la agenda de Adjovi y Steinerte. Lo mismo ocurre con los abogados defensores de Sala, quienes solicitaron mantener un encuentro, aunque aún no fue confirmado ni rechazado.

En el primer día en el país, el GTDA también se reunió con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y funcionarios de la DGN.