Los efectivos del destacamento Campo 1 de Gendarmería Nacional, ubicado a dos cuadras del barrio La Cava, en el partido bonaerense de San Isidro, fueron denunciados ante el Juzgado de Garantías N° 1 de esa localidad por dispararle con balas de goma y someter a vejámenes y humillaciones a cuatro adultos, un adolescente de 15 años y una nena de 7 que tiene las piernas marcadas con los impactos de los proyectiles que les dispararon los uniformados.
Los hechos ocurrieron entre el 30 de marzo y el 7 de abril, en una sucesión de atropellos que, según confiaron los denunciantes a Tiempo, fueron aplicados en medio de la cuarentena e incluyeron «amenazas de ahogamiento o violación hasta simulacros de secuestro y fusilamiento, pasando por desnudos forzosos».
El caso fue denunciado por los víctimas junto al concejal sanidrisense Gastón Fernández, del Frente de Todos, mediante un recurso de Hábeas Corpus donde pidieron el pase a disponibilidad de todos los uniformados, porque luego del primer incidente comenzaron a recibir amenazas de los efectivos. Una de las víctimas explicó en la denuncia que se los cruzan todos los días cuando entran o salen del barrio. En cada oportunidad los uniformados se encargan de burlarse y advertirles que las denuncias no servirán para nada.
El contacto ya era tenso, pero con la aplicación del aislamiento social, preventivo y obligatorio los vecinos denuncian que los efectivos aprovechan las atribuciones de esa medida para incrementar los maltratos. Todo en medio de una situación de creciente incertidumbre económica cotidiana para los habitantes del barrio más pobre de ese distrito del norte del conurbano, considerado uno de los más ricos de la primera sección electoral, gobernado desde 1999 por el intendente, Gustavo Posse, histórico dirigente de la UCR que actualmente integra la alianza Juntos por el Cambio.
Ante las consultas de Tiempo en el Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Fréderic, explicaron como intervienen en el caso. Según detalló una fuente de esa cartera, el juez de Garantías Ricardo José Costa ordenó el allanamiento del destacamento y secuestró el libro de armas y las armas antitumultos. La ministra «pidió información a Gendarmería, que ya había iniciado su investigación interna, y ya están identificados los efectivos que participaron en el operativo». Agregaron que uno de los efectivos presenta lesiones y que «el tema es investigado» por la Dirección Nacional de Control y Prevención de la Violencia Institucional que depende de Fréderic.
Esa repartición, explicaron en Seguridad, «espera de los resultados y restricciones que decidirá la Justicia para saber qué sanciones les cabe a los efectivos que actuaron en el lugar de los hechos».
Los funcionarios consultados sólo se refirieron a los hechos del 30 de marzo, pero la denuncia de las víctimas habla de una semana ininterrumpida de tormentos y maltratos en la entrada del barrio donde viven más de 13 mil personas, en uno de los contrastes sociales más agudos con el San Isidro del centro.
Los casos que se multiplican en la cuarentena
El caso se suma a la serie de apremios ilegales de fuerzas federales y provinciales denunciadas por vecinos que han llegado a registrar la violencia con sus celulares. Los más recientes fueron filmados en el barrio 1-11-14, de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, y en el barrio San Alberto, del partido bonaerense de La Matanza, donde policías provinciales y porteños maltrataban y golpeaban a los vecinos por el incumplimiento de la cuarentena.
La creciente cantidad de casos ha sido advertida por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Una de sus abogadas, María del Carmen Verdú, le dijo este miércoles a FM La Tribu que «a nivel nacional, la ministra Fréderic comunicó un protocolo de actuación a las fuerzas federales pero admitiendo que existen estos abusos, que nosotros llamamos represión». Consideró que «es absurdo que la propia ministra le tenga que recordar a las fuerzas de seguridad federales que no tienen que cometer delitos, que deben respetar los derechos y garantías de las personas y que que no las pueden humillar, como tampoco pueden generar detenciones arbitrarias», dijo la letrada.
También reconoció que «en algunos casos muy puntuales han dicho algo las autoridades tanto nacionales como provinciales, como en el caso del nene de 12 años en Villa Dominico que fue apaleado por policías bonaerenses». En ese caso, destacó, «se informó que hubo desafectación de efectivos, como los implicados en el barrio San Alberto. Son tres casos sobre centenares y ninguno está preso, como sí lo estuvieron, en cambio, sus víctimas», acotó.
Los hechos ocurrieron entre el 30 de marzo y el 7 de abril, en una sucesión de atropellos que, según confiaron los denunciantes a Tiempo, fueron aplicados en medio de la cuarentena e incluyeron «amenazas de ahogamiento o violación hasta simulacros de secuestro y fusilamiento, pasando por desnudos forzosos».
El caso fue denunciado por los víctimas junto al concejal sanidrisense Gastón Fernández, del Frente de Todos, mediante un recurso de Hábeas Corpus donde pidieron el pase a disponibilidad de todos los uniformados, porque luego del primer incidente comenzaron a recibir amenazas de los efectivos. Una de las víctimas explicó en la denuncia que se los cruzan todos los días cuando entran o salen del barrio. En cada oportunidad los uniformados se encargan de burlarse y advertirles que las denuncias no servirán para nada.
El contacto ya era tenso, pero con la aplicación del aislamiento social, preventivo y obligatorio los vecinos denuncian que los efectivos aprovechan las atribuciones de esa medida para incrementar los maltratos. Todo en medio de una situación de creciente incertidumbre económica cotidiana para los habitantes del barrio más pobre de ese distrito del norte del conurbano, considerado uno de los más ricos de la primera sección electoral, gobernado desde 1999 por el intendente, Gustavo Posse, histórico dirigente de la UCR que actualmente integra la alianza Juntos por el Cambio.
Ante las consultas de Tiempo en el Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Fréderic, explicaron como intervienen en el caso. Según detalló una fuente de esa cartera, el juez de Garantías Ricardo José Costa ordenó el allanamiento del destacamento y secuestró el libro de armas y las armas antitumultos. La ministra «pidió información a Gendarmería, que ya había iniciado su investigación interna, y ya están identificados los efectivos que participaron en el operativo». Agregaron que uno de los efectivos presenta lesiones y que «el tema es investigado» por la Dirección Nacional de Control y Prevención de la Violencia Institucional que depende de Fréderic.
Esa repartición, explicaron en Seguridad, «espera de los resultados y restricciones que decidirá la Justicia para saber qué sanciones les cabe a los efectivos que actuaron en el lugar de los hechos».
Los funcionarios consultados sólo se refirieron a los hechos del 30 de marzo, pero la denuncia de las víctimas habla de una semana ininterrumpida de tormentos y maltratos en la entrada del barrio donde viven más de 13 mil personas, en uno de los contrastes sociales más agudos con el San Isidro del centro.
Los casos que se multiplican en la cuarentena
El caso se suma a la serie de apremios ilegales de fuerzas federales y provinciales denunciadas por vecinos que han llegado a registrar la violencia con sus celulares. Los más recientes fueron filmados en el barrio 1-11-14, de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, y en el barrio San Alberto, del partido bonaerense de La Matanza, donde policías provinciales y porteños maltrataban y golpeaban a los vecinos por el incumplimiento de la cuarentena.
La creciente cantidad de casos ha sido advertida por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Una de sus abogadas, María del Carmen Verdú, le dijo este miércoles a FM La Tribu que «a nivel nacional, la ministra Fréderic comunicó un protocolo de actuación a las fuerzas federales pero admitiendo que existen estos abusos, que nosotros llamamos represión». Consideró que «es absurdo que la propia ministra le tenga que recordar a las fuerzas de seguridad federales que no tienen que cometer delitos, que deben respetar los derechos y garantías de las personas y que que no las pueden humillar, como tampoco pueden generar detenciones arbitrarias», dijo la letrada.
También reconoció que «en algunos casos muy puntuales han dicho algo las autoridades tanto nacionales como provinciales, como en el caso del nene de 12 años en Villa Dominico que fue apaleado por policías bonaerenses». En ese caso, destacó, «se informó que hubo desafectación de efectivos, como los implicados en el barrio San Alberto. Son tres casos sobre centenares y ninguno está preso, como sí lo estuvieron, en cambio, sus víctimas», acotó.
