¿Qué se sabe de Guillermo Berra, quien fuera el auditor de Asuntos Internos de La Bonaerense durante el régimen macrista? La breve trayectoria pública de este sujeto fue resumida por su mandante, María Eugenia Vidal, en medio de muecas, mohines y un “beboteo” exasperante. Así dijo: “Con Guillermo fuimos vecinos en Morón y él trabajaba en la Auditoría de la Ciudad con Paula (Oliveto). Ahí nos conocimos. Abogado, joven, un tipo muy honesto. Cuando me tocó ser gobernadora, necesitábamos que el área de Asuntos Internos de la policía provincial dejara de estar en convivencia con aquella fuerza. Qué estuviera a cargo de un civil. Así fue como lo convoqué en una tarea bien difícil”. A continuación, se deshizo en elogios. Y obtuvo una salva de aplausos.

Era el 15 de mayo de 2018. Elisa Carrió, sentada junto a la disertante, lucía más ancha que nunca. De hecho, era la anfitriona del evento, puesto que transcurría en su búnker, pomposamente bautizado “Instituto Hanna Arendt” (en honor a la filósofa judía-alemana que exploró mejor que nadie las raíces del nazismo). Una paradoja histórica, en vista de los allí presentes. 

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Pero volvamos al señor Berra.

Tanto en sus audios, difundidos recientemente, como en su testimonio ante la Comisión Bicameral de Fiscalización a los Organismos de Inteligencia, el subcomisario bonaerense Hernán Casassa –que comandó los allanamientos a figuras del peronismo de la Provincia– supo precisar al detalle el rol de Berra en la Gestapo encabezada por “Marieu”, junto al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, al jefe de Gabinete, Federico Salvai, y al (aún) procurador general Julio Conte Grand. En resumen, Asuntos Internos era –por orden de Ritondo– la oficina a cargo de reunir los reportes de los Nosis, de la Afip, de la AFI, de la UIF y de Migraciones, con el propósito de “empapelar” los carpetazos contra sus víctimas. Lo cierto es que el bueno de Berra supervisaba personalmente esas búsquedas, además de poner su coto a disposición de las reuniones quincenales del mencionado cuarteto. De modo que –según Casassa– Berra dirigía un verdadero “grupo de tareas”. Los frutos de semejante fisgoneo –también según el subcomisario– luego llegaban de su mano a la doctora Carrió o a sus secuaces (Oliveto, Mónica Frade y Mariana Zuvic), quienes se ocupaban de efectuar las correspondientes denuncias.

Ya en 2020, Berra fue procesado por obtener “información y almacenar datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la policía provincial”. Su pareja, la ex auditora sumarial de Asuntos Internos, María Rosario Sardiña, corrió la misma suerte. Sin embargo, aquella causa duerme ahora el sueño de los justos.

Más allá de su relación con el espionaje ilegal que nutrió el ejercicio del lawfare durante el régimen macrista, bien vale evocar un episodio iniciático de su paso por Asuntos Internos que lo pinta por entero.

Esta historia comenzó en febrero de 2016, en el contexto del disgusto de un sector del comisariato por el nombramiento de Pablo Bressi en la cúspide de La Bonaerense. Sus primeras acciones: una “batida” anónima que propició el arresto de tres oficiales muy afines al nuevo cabecilla policial por proteger narcos en Esteban Echeverría. Y otro “soplo” que dejó al desnudo los hábitos recaudatorios en la Jefatura Departamental platense, donde también tenía gran influencia el uniformado puesto por Vidal en la mazorca más díscola del país.

Sin estar muy al tanto de semejante interna en la fuerza, el propio Berra dirigió, a mediados de abril, un allanamiento a tal sede, justo cuando allí había 36 sobres con un total de 153 mil pesos. Una nadería, en términos monetarios. Y que, además, le valieron al pobre Berra los reproches de Ritondo y Bressi. Pero ya no se podía volver atrás.

De modo que el asunto fue oficialmente presentado como una victoria del Poder Ejecutivo con asiento en La Plata sobre la corrupción policial. Ello le significó a Bressi el desplazamiento de nueve comisarios de su confianza. A los seis meses fueron ordenadas sus detenciones. Corría el 30 de septiembre.

Aquel día, precisamente, uno de ellos, el comisario Federico Jurado, inició la cuenta regresiva de su viaje al más allá. Los nueve fueron alojados primero en la comisaría de El Pato; luego, se los mudó a la Unidad 9 de La Plata.

La cuestión es que a Jurado lo encontraron sin vida durante la mañana del 19 de enero de 2017 sobre el camastro de su celda. Así, inerte y boca abajo como si durmiera, concluyó su decimotercera jornada en aquella cárcel. Tal sencillez mortuoria bastó para que Berra esgrimiera la versión de una “muerte súbita”, al igual que Vidal, Ritondo, Conte Grand y el propio Bressi. Pero en el informe preliminar de la autopsia se deslizaba la sombra de un crimen. Su conclusión: “Síndrome asfíctico con edema agudo de pulmón hemorrágico”. En buen romance, el comisario se había tragado su almohada.

Tras el luctuoso suceso, la Sala V de Casación dispuso excarcelar a los ocho comisarios imputados, tras dar curso al hábeas corpus presentado por el defensor Daniel Mazzocchini, patrocinante de cuatro policías.

Aquel fallo ofuscó al fiscal Martini, quien al respecto supo argumentar: “Los presos estaban por quebrarse; iban a hablar. Pero la excarcelación me arruinó la posibilidad de negociación con ellos”.

Por entonces, el autor de este artículo se comunicó con él. Y amplió tal aspecto de su peculiar estilo de trabajo: “Vea, la calidad del encierro induce al preso a sincerarse; en parte, por la presión de la familia”.

–¿Ese es el sentido jurídico de la prisión preventiva?

–No. Eso lo digo yo.

–¿No teme ser recusado por aplicar tal metodología?

–Eso me tiene sin cuidado. Yo me atengo a la ley, y la figura de “asociación ilícita” me habilita a pedir la preventiva. Todo legal, ¿no?

–A propósito de lo que pasó con Jurado, ¿cómo le resulta investigar la muerte de alguien que usted mismo envió a la cárcel?

–Mire, para mí es un muerto más. Ni más ni menos.

–¿Cuál es su hipótesis?

–Parece que fue un paro cardíaco. No hay indicios de una muerte violenta.

–¿Y los hematomas que menciona la autopsia?

–Bueno, esos hematomas no le causaron la muerte.

–Una curiosidad, ¿usted ordenó secuestrar la almohada de Jurado?

–¡Uh, la almohada! No sé… a lo mejor se la llevó Gendarmería.

Tras aquella frase, el fiscal dio por terminada la conversación.

Como si el extraño fallecimiento de Jurado no hubiese ocurrido, Berra y Bressi también se mostraron contrariados por el fallo de Casación.

¿Cómo se explica el silencio de Bressi ante el presunto asesinato de un subordinado que recaudaba para él?

En los pasillos de la fuerza circulaba en aquellos días una conjetura: si el “soplo” de los sobres fue obra de alguna línea rival a la suya, mantener a los detenidos en silencio era entonces su propio imperativo. De ser así, Berra estuvo a la altura de semejante partida de ajedrez entre hienas.   «