A 100 kilómetros al oeste de la Capital Federal, Mercedes supo ser un santuario de la piratería del asfalto. En febrero de 1999 fue descabezada su cúpula policial por encubrir a bandas especializadas en aquella modalidad. Los comisarios de La Bonaerense solían ordenar allí falsos procedimientos de control vehicular, cuando en realidad se liberaba la zona para facilitar el paso de camiones atracados, además de proteger galpones donde se almacenaba la mercadería. Uno de los cabecillas era el comisario Ricardo Oscar Bogoliuk.
Cabe destacar que tales trapisondas no tuvieron consecuencias penales, ya que contaban con la tolerancia orgánica de los funcionarios judiciales del lugar. Entre ellos había un joven fiscal, el doctor Juan Ignacio Bidone.
Meses después, Bogoliuk fue rescatado del ostracismo con la llegada de Carlos Ruckauf a la gobernación. Así llegó a ser subjefe de la Departamental Mar del Plata. Pero incurrió en otro desliz: destruir pruebas para beneficiar a los policías acusados del asesinato de Natalia Mellman y propiciar la huida del único civil vinculado en la causa. Luego brilló en la cima del Comando de Operaciones Policiales. Hasta que, ya en 2004, el ministro León Arslanián lo eyectó de la fuerza.
En aquel mismo año, Bidone sintió un ramalazo de alivio por la muerte del procurador general Matías de la Cruz, quien le dispensaba cierto desprecio en virtud de su obsecuencia. En cambio, la nueva jefa del Ministerio Público, María del Carmen Falbo, simpatizó de inmediato con él. Por alguna razón, ese hombre de silueta regordeta mereció su confianza. Aun así, Bidone demoró cuatro años en dar el único gran brinco de su carrera: pasar de una fiscalía ordinaria a una de Delitos Complejos. Allí lo aguardaba la instrucción del llamado Triple Crimen de General Rodríguez.
Ahora, con la figura omnipresente del multi-agente Marcelo Sebastián D’Alessio como lazo, el destino juntó nuevamente a Bogoliuk con Bidone. Al primero, en su calidad de procesado con prisión preventiva en el expediente que instruye el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por la extorsión al empresario Pedro Etchebest; al segundo, por su condición de imputado en el expediente por el chantaje al empleado de la Aduana, Gabriel Traficante, que instruye el juez federal Luis Rodríguez. Dos causas y una misma trama de espionaje.
Tal vez en un principio, el fiscal federal Carlos Stornelli –involucrado hasta el cuello en esta historia– haya asimilado con beneplácito la entrada en escena del fiscal de Mercedes. Porque este, al intuir las salpicaduras causadas por D’Alessio sobre su persona, acudió súbitamente a la fiscalía de Alejandra Mángano a ofrecer una declaración testimonial con el propósito casi infantil de aclarar su ajenidad a los hechos investigados en Dolores. Y es precisamente esa mujer quien instruye junto al juez Julián Ercolini la antojadiza denuncia de Stornelli como «víctima» del accionar de D’Alessio, en su afán de trasladar el expediente de Ramos Padilla hacia Comodoro Py. Pero en esa denodada lucha contra el azar, nadie calculó que Rodríguez reviviría esa causa iniciada en 2016 contra el falso abogado. De modo que Bidone está en los umbrales de su indagatoria.
Por lo pronto, por su testimonio ante la doctora Mángano se sabe que el vínculo que cultivó con D’Alessio se remonta a 2016. Pero sin nombrar al ex comisario Bogoliuk, atribuye la presentación entre ellos al espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolando Barreiro, quien había colaborado con él en la pesquisa del Triple Crimen. Y en base a documentación secuestrada al individuo calvo y locuaz que acostumbraba a presentarse como agente de la DEA y la National Security Agency (NSA), se sabe que Bidone le proveyó de datos (como la información telefónica de Etchebest y Traficante, entre otros aportes de suma valía para sus «ablandes»).
No menos significativa es una grabación efectuada por Etchebest en su inolvidable regreso con D’Alessio de Pinamar. En esa cinta el agente se queja de que Bidone le debía 840 mil dólares por cheques rebotados en una mesa de dinero. Una irregularidad que él tuvo que saldar por haber sido allí el garante del fiscal. Pero el plato fuerte es que los cheques estaban vinculados a una empresa casi esclavista que emplea (sin cargas sociales) a convictos con salidas transitorias. Y en ese negocio –tal como sale de su boca con nitidez– también obtenía una tajada el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. ¿Qué opinará Patricia Bullrich?
Lo cierto es que, en lo que hace al Poder Judicial, la inclusión de Bidone en este asunto es el primer signo visible de que Stornelli no estaba solo.
Desde una perspectiva más abarcadora, el lawfare fue concebido como una máquina perfecta al servicio de la ejecución del «enemigo político». Sus relatos son tejidos por los servicios de inteligencia para desparramarse a través de los multimedios, antes de ser transformados en causas penales por jueces afines. Pero en el medio, al menos esta vez, «pasaron cosas». «
