Sobre la base de las delaciones, el juez federal Claudio Bonadio dispuso los procesamientos de todos los funcionarios y los empresarios sindicados en las fotocopias de los cuadernos como partes de un engranaje de recaudación corrupta de dinero obtenido mediante la cartelización y adjudicación irregular de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

De hecho, el juez consideró que CFK fue la jefa de esa asociación ilícita. Y la figura, que requiere que se cometan “delitos indeterminados” (es decir, más de un delito a través de una organización de tres o más personas, con permanencia en el tiempo y  estructura jerárquica)  implica, según Bonadio, que recibió dádivas y sobornos.

El juez sostuvo que “todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”.

¿Cuál es la prueba clave que utilizó Bonadio para el procesamiento de la ex presidenta? El testimonio como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas, José López. Adelantado el domingo por el diario La Nación, el ex funcionario –según el recorte informativo- habría dicho que los nueve millones de dólares que le fueron encontrados cuando intentó ocultarlo en un convento en la provincia de Buenos Aires “eran de Cristina”.

¿Dijo eso López? El textual es el siguiente: “Aclaro que lo que declaré sobre Fabián Gutiérrez (NdR: ex secretario de CFK), este hombre me llamó para mantener una reunión y me dijo que había que mover un dinero de Muñoz (NdR: Daniel, ex secretario de Néstor Kirchner, difunto) sin que se entere la mujer de Muñoz. Esta reunión fue unos días antes de la muerte de Muñoz y estaba muy mal. Gutiérrez se había ido en el año 2010, cuando me contactó pensé que era mandado por Cristina o que tenía alguna relación con ella”. 

Dicho de otro modo: el supuesto entregador del dinero (tal situación no está ni siquiera mínimamente probada; más bien todo lo contrario) le dijo que el dinero era de Muñoz, pero López creyó que le mentía y que era de la ex presidenta, y así se lo hizo saber a Bonadio.

El fallo también cuantifica el monto de lo supuestamente cobrado ilegalmente. El embargo sobre todos los procesados es de 4.000 millones de pesos, lo que –a cotización de hoy- es algo así como unos 100 millones de dólares. Es mucho dinero, pero bastante menos que los 36 mil millones que se calcularon política y mediáticamente en las últimas semanas.

Bonadio embistió también contra los empresarios y, por ejemplo, procesó a Angelo Calcaterra, ex titular de IECSA, la firma históricamente ligada a la familia Macri. Pero tanto él, cuando los demás “arrepentidos”, transitarán el proceso en libertad, como premio a la autoincriminación y la delación hacia otros supuestos involucrados en la maniobra investigada.  Claudio Bonadio también dictó los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Luis Betnaza y el operador judicial Javier Fernández. Además de seis falta de méritos y el sobreseimiento de otras tres (Néstor Kirchner y Daniel Muñoz, por haber fallecido).

Bonadio dictó la prisión preventiva de la ex mandataria pero no pidió aún su desafuero. Prefirió esperar un espaldarazo de la Cámara Federal, es decir la confirmación de procesamiento, para insistir ante la Cámara de Senadores con el levantamiento de esa inmunidad de arresto.

¿Por qué debería estar presa CFK? Porque “atento a sus vínculos, siendo senadora nacional, de continuar en libertad podrían entorpecer la acción judicial, tanto en el descubrimiento de la verdad, en el recupero del producto del delito y la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria”. Pero hay una argumentación más llamativa: “Resulta demostrativo de este peligro procesal, las carpetas con anotaciones y registros sobre distintas personas físicas y jurídicas, que fueron secuestradas en el marco del allanamiento efectuado en la residencia de la imputada en la ciudad de El Calafate”.

Entre esas carpetas había una sobre la actividad del propio Bonadio.

No es todo. “También debe destacarse la posibilidad de incidir en la investigación mediante sus contactos en medios de comunicación afines, incluso, algunos de empresarios vinculados a la obra pública, pudiendo intentar por esta vía condicionar el desarrollo de esta investigación”.

El fallo completo: