La iniciativa fue presentada el jueves 11 de junio por el bloque de Vamos Juntos y, entre otros puntos, obligaba a las operadoras digitales y a los repartidores y mensajeros a tener domicilio en el distrito, prohibía el sistema de incentivo y castigo a los trabajadores e incorporaba un sitio de quejas para los clientes.

En rigor, el expediente comenzó a ser analizado el viernes pasado en la Comisión de Tránsito y Transporte y el miércoles fue incorporado por el oficialismo en el temario de la sesión como “tabla”, es decir, los proyectos que no cuentan con un dictamen previamente a la discusión en el recinto.

Por ello, para poder ser tratado este jueves en la sesión, el oficialismo requería de unos 40 votos de los 60 legisladores para habilitar el debate del tema, cifra que no logró reunir dado que suman 26 escaños propios, a los que podrían haberse adicionado once de las bancadas aliadas.

La propuesta contemplaba una extensa normativa para ordenar esta modalidad de trabajo, que adquirió un rol protagónico desde que comenzó la cuarentena y abarca al servicio de mensajería y el de reparto de sustancias alimenticias que se hicieron populares con el crecimiento plataformas tecnológicas como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.

En la actualidad, existe una ley que regula la actividad de los deliverys, pero no contempla la modalidad bajo la cual trabajan esas operadoras digitales, mediante las cuales, los usuarios pueden realizar los pedidos a través del teléfono celular, contactar los locales de gastronomía o enviar correspondencia.

Para ello, el proyecto del oficialismo porteño, que lleva las firmas de la legisladora Cristina García de Aurteneche y el diputado Marcelo Guouman, proponía la creación de un Registro en el cual se deberán inscribir tanto las operadoras digitales como los repartidores y mensajeros.

Puntualmente, la propuesta que deberá esperar para ser debatida en el recinto definía a tres actores fundamentales en esta cadena laboral: a las plataformas digitales en la que “terceros ofertan y demandan” el delivery, los propios repartidores y mensajeros habilitados para ejecutar la tarea, y a los prestadores del servicio, que son, en su mayoría, los locales de mensajería.

Planteaba, para ellos, contar, para su funcionamiento, con una habilitación, que tendrá vigencia de un año, y acreditar la inscripción ante la AFIP, la AGIP porteña; tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dar constancia de la contratación de los seguros que corresponden para la actividad.

En lo que hace a los repartidores y mensajeros, los obligaba a no tener infracciones de tránsito y a aprobar cursos específicos de capacitación que necesariamente debían incluir nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que prestan.

En ese sentido, la iniciativa disponía, aunque no obligaba, que sean los operadores de plataforma digital “los que faciliten los medios para que mensajeros y repartidores obtengan los cascos homologados y la indumentaria adecuada”.

Y determinaba que empresas de las apps contraten los seguros para los trabajadores que están en las calles, entre ellos, el de Accidentes de Trabajo, de Vida Obligatorio, de Responsabilidad Civil y de Accidentes personales.