La decisión de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia de analizar el desplazamiento de los tres camaristas que reubicó el Senado alimentó las esperanzas de Juntos por el Cambio sobre el rol que tendrá el máximo tribunal con la administración del presidente Alberto Fernández. El «per saltum» que aceptaron los cortesanos implica que tratará el tema, pero restan dos o tres semanas para que se expidan sobre el alcance de la anulación que votó el oficialismo en la Cámara Alta hace dos semanas sobre los tres traslados que dispuso Mauricio Macri durante su presidencia.

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Hasta que se conozca la decisión final, en la alianza opositora manejarán la cautela pero en tono de esperanza: también aguardan que los jueces se expidan en forma favorable, o al menos equidistante, sobre el planteo que presentó el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contra la reducción que dispuso Fernández del 3,5% al 2,32% de la coparticipación federal que recibe la capital.

La medida fue adoptada hace 20 días y cerca del alcalde apuestan que la Corte «buscará una salida en diagonal» para acercar las partes y obligarlas a negociar en un marco de monitoreo judicial. El pronóstico es el más positivo que manejan en el PRO, porque creen que la Corte también podría respaldar el decreto que firmó Fernández ya que la Ciudad Autónoma es una creación posterior a la ley de coparticipación federal y los fondos que recibe pueden ser redeterminados por una decisión ejecutiva.

Si la decisión de la Corte sobre la coparticipación termina en una salida gris, en el macrismo la definirán como una victoria política ante una batalla que algunos juristas dan por perdida. Casi el mismo calibre del per saltum que aceptaron los cortesanos este martes y que fue interpretado como un duro revés al rechazo del traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que votó el Senado, a partir de una estrategia acordada entre Fernández y la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner.

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En el radicalismo la decisión fue vivida como la confirmación de una advertencia que el titular del interbloque de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, ya había lanzado a principios de este mes en una de las maratónicas sesiones donde oficialistas y opositores se dispararon munición gruesa para definir el aval de distintos decretos de necesidad y urgencia. La decisión de la Corte fue considerada como una «bocanada de aire fresco para una Justicia independiente», celebró Naidenoff. «La Corte con esta decisión demuestra que hay frenos ante los abusos de poder. No resolvió el fondo del asunto pero el fallo es muy importante para frenar el avance autoritario. El Gobierno tiene la oportunidad de modificar su agenda equivocada», sostuvo el radical en su cuenta de twitter.

Su par porteño Martín Lousteau dijo que «en estos momentos en que vemos escalar los conflictos en medio de la profundización de la crisis económica, es muy bueno que el control de constitucionalidad se ejerza en tiempos pertinentes». La más escueta fue la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. «¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡Gracias a Dios!», celebró la exdiputada nacional en nombre de su partido, el socio menor de la alianza que comparte con macristas y radicales.

Todo será cautela hasta que el máximo tribunal defina de qué modo ordenará el conflicto de poderes que abrió este martes con el Senado. Hasta entonces las fichas estarán puestas en exprimir el impacto corrosivo que puede tener sobre el Gobierno y en posicionar al titular del máximo tribunal, Carlos Rozenkrantz, como el artífice de la decisión a partir de la convocatoria a un acuerdo extraordinario que realizó la semana pasada y que puso en estado de alerta a la Casa Rosada.