“El objetivo es desfinanciar a los movimientos sociales, subordinar a los municipios y desarticular las cooperativas”, afirma uno de los encargados de supervisar el trabajo de las cooperativas que están afectadas al Plan Argentina Trabaja.

El diagnóstico es lapidario. Pocos días antes de consumarse la marcha del 21F los movimientos sociales ya estaban al tanto de que el ajuste llegaría a los planes sociales. No había confirmación oficial, pero desde el ministerio que encabeza Carolina Stanley daban señales claras en ese sentido.

Lo que era entonces un rumor terminó de confirmarse esta semana. El anuncio oficial sólo hizo que desde los Movimientos Sociales y de algunos municipios hicieran público un diagnóstico que tenían hace un tiempo. “Van a cambiar planes sociales que generan trabajo por asistencialismo puro”, aseguran.

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El cambio de objetivo de los planes sociales traerá, de consumarse en los términos planteados hasta ahora por el Poder Ejecutivo, el despido de 85 arquitectos que  hoy se ocupan de supervisar las tareas de las cooperativas en el terreno, de interactuar con los trabajadores y de hacer de puente con los órganos ejecutores, ya sean municipios o movimientos sociales.

Los arquitectos que trabajan con las cooperativas le confirmaron a Tiempo que a partir de la semana que viene la mayoría se queda sin trabajo ya que no quedarán obras por auditar.

En la actualidad, los cooperativistas cobran $4300 por mes y tienen la obligación de formarse dos veces por semana. Hasta hoy el presupuesto destinado a los planes sociales de este tipo era de 3500 millones al año. El monto se distribuía entre aproximadamente 400 mil cooperativistas y 150 órganos ejecutores.

Desde los órganos ejecutores aseguran que, entre otras cosas, de esta manera se desfinancia a las organizaciones sociales y se disuelven las cooperativas.