Elisa María Avelina Carrió presentó un proyecto de juicio político por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. El texto ingresó por mesa de entrada de la Cámara de Diputados por la tarde. El solo anuncio por redes sociales que hizo más temprano había generado revuelo en el interbloque de Cambiemos, que comenzó las consultas con el Ejecutivo.
Si bien Carrió hacía meses que venía lanzando flamígeras declaraciones contra Lorenzetti, éstas no habían pasado de ser un típico juego retórico de la política. Pero ahora está dando paso a los hechos. El solo anuncio desató inquietud entre los miembros del PRO porque Carrió es parte del armado oficialista pero, como reconocieron desde el oficialismo, no mandó ni siquiera un aviso como para estar preparados. «Es la lógica de esta época, los dirigentes políticos buscan ganarle tiempo al tiempo y abandonan lo institucional. Entonces anuncian en las redes sociales lo que van a hacer», se quejó uno de los responsables de la bancada PRO.
Entre los legisladores macristas entienden y saben de la conflictiva historia de Carrió con Lorenzetti pero sostienen que tratándose de una de las autoridades de uno de los poderes del Estado «tendría que por lo menos poner a consideración su iniciativa en el interbloque y, si decide no informarlo, por lo menos cumplir con los requisitos de presentarlo por mesa de entradas y después, si quiere, hacer una conferencia de prensa. Pero a Lilita eso parece no importarle», se quejó uno de los legisladores macristas que integra la comisión de Juicio Político.
La inacción por la que atraviesa la Cámara de Diputados, por decisión del macrismo, puede llegar a romperse con esta novedad. Habrá que ver cómo juegan los bloques opositores que, en tiempos electorales, suelen aferrarse a este tipo de iniciativas que incomodan al oficialismo de turno. En esta oportunidad la diferencia es que el flanco lo abre una integrante del sector parlamentario que representa al Ejecutivo.
Según Carrió, su solicitud se sustenta en el artículo 53 de la Constitución Nacional y debe ser aprobado por dos terceras partes de la Cámara de Diputados para que pase al Senado. Previo a ello, tiene que ser tratado por la Comisión de Juicio Político, presidida por el macrista Álvaro González.
En sus fundamentos, Carrió considera a Lorenzetti «responsable de sendas irregularidades administrativas en el manejo de los fondos presupuestarios a su cargo y de ser el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia, que condicionaron el accionar en la Magistratura desde su asunción en la Corte Suprema. Esto sumado a la falta de transparencia en su gestión en la Corte y en su deber de rendir cuentas como funcionario y al conflicto de poderes que implica los casos en que a su instancia la Corte se ha arrogado funciones legislativas».
Sostiene la legisladora que su objetivo «es terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la república». Astuta, Carrió se referencia en declaraciones del propio presidente Mauricio Macri sobre la conveniencia de combatir las mafias para avanzar contra el supremo. «La cuestión que se nos plantea es cómo liberamos las instituciones cautivas de aquellos que, como Lorenzetti, las usan en beneficio propio. No hay que tener miedo», sostiene.
Carrió acusa al presidente de la Corte por su «oscuro pasado» en su ciudad natal, Rafaela, Santa Fe, donde el cortesano habría llevado adelante maniobras poco claras con prestadoras de servicios médicos al PAMI. También destaca el crecimiento patrimonial del juez aunque se cuida de adjetivarlo. La diputada lo acusa además de no cumplir la ley de Ética Pública que, según Carrió, impuso en el Poder Judicial desde su arribo a la presidencia de la Corte.
«Es un sistema preparado deliberadamente para evadir lo dispuesto en la ley de ética en el ejercicio de la función pública y no exhibir el patrimonio de los más altos magistrados de la nación», acusó Carrió.
Mediante un comunicado, la oficina de la diputada aclaró que «esta es la primera presentación de este juicio político, que será ampliado en su oportunidad con el análisis del rol del actual presidente de la Corte en la implementación de los seguros ambientales, así como de su vinculación con las empresas aseguradoras que prestan el servicio. Entonces se entregará la documentación que prueba hechos de gravedad institucional y un análisis sobre la matriz de relaciones que incluyen sociedades secretas a fin de cooptar a sectores importantes del Poder Judicial en beneficio de intereses empresarios, corporativos y sindicales, con el fin de garantizar la impunidad».
Entre las personas que la diputada pide que sean citadas a declarar, se encuentran, los jueces María Romilda Servini de Cubría y Ariel Lijo; el exsenador Mario Cimadevilla; el extitular de la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia, Carlos Zanini; el diputado nacional y exministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto y su antecesor en el cargo, Leandro Despouy; la diputada porteña por la CC-ARI Paula Oliveto Lago y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entre otros.
El proyecto completo de Carrió
