Apenas un rato más tarde de que Fernando Sabag Montiel le disparara a la cabeza a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la bala no saliera, Gabriel Carrizo (el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocido como “Los Copitos) le whatsappeó a un amigo: “Recién intentamos matar a Cristina. Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso. El arma es mía amigo. Te lo juro por Dios. Estamos con el grupo, todos juntos”.
Así consta en un nuevo escrito de 30 páginas que anunció en Twitter la vicepresidenta y que presentaron ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal.
Esto es lo que discutieron en la víspera CFK y sus abogados y que Tiempo anticipó en su edición del domingo. Se trata de pruebas que ya estaban en el expediente pero a las que, según la querella, la jueza Capuchetti no le había asignado importancia. Se trata de diálogos entre los sospechosos de haber intentado matar a la figura política más relevante (por amor o por odio) de la actualidad argentina. Las revelaciones parecen demostrar la existencia de un complot de mayor envergadura que los tres únicos detenidos que hay hasta ahora en la causa.
No obstante, la querella pidió la ampliación de la indagatoria de los tres: Carrizo, Brenda Uliarte y Sabag Montiel; el cambio de calificación de la intervención de Carrizo a coautoría y el procesamiento de los tres “(y, quizás, el de otras personas)” como miembros de una asociación ilícita con ramificaciones deliberadamente inexploradas que tenían por objetivo –además del magnicidio- la renuncia del presidente, Alberto Fernández, y otros asesinatos políticos.
Esa organización de límites difusos todavía actuaba “para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”. Carrizo le prometió a un interlocutor de Whatsapp poco después del fallido intento de Sabag Montiel: “Bueno amigo, el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordá esta fecha, esta hdp ya está muerta”.
Los abogados Ubeira y Aldazábal bramaron nuevamente contra la jueza. “Hace casi un mes que el juzgado tiene este informe a disposición (que, vale decirlo, no lo produjo el propio juzgado, sino el Ministerio Público Fiscal) y no tomó una sola medida, ni probatoria ni jurídica. (…) No fue capaz, siquiera, de profundizar su búsqueda acerca de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. Otra muestra de que el objetivo no es investigar, sino sacarse de encima esta causa rápido”.
El escrito pide identificar a personas que son por ahora desconocidas pese a que hace casi tres meses que ocurrió el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. Por ejemplo, “Jesi Celina”, con quien el copito Carrizo mantuvo conversaciones de unos 45 minutos en la madrugada previa al ataque. Tampoco está claro quién es “Kevin Bargas 2”, a quien Carrizo le dijo a las 23:17 del 1 de setiembre, cuando gran parte de la Argentina no salía del asombro y el espanto por lo que acababa de ocurrir: “recién intentamos matar a Cristina”.
“Es necesaria la identificación y citación urgente de ‘Prima Vero’, ‘Lía’ y ‘Kevin Bargas 2’. Solicitamos que así se haga”. Se trata de interlocutores de Carrizo que, según un informe de la DAJUDECO, interactuaron en relación con el intento de magnicidio. “Los nuevos mensajes son prueba inequívoca de que la intervención (de Carrizo) en los momentos preparatorios del hecho fue determinante”.
La querella insistió en la Pista Milman. Y marcó la similitud de una frase de Carrizo (“si bajan a Cristina, bajan a La Cámpora”) con otra de Milman incluida en un sugestivo proyecto de declaración en la Cámara Baja (“sin Cristina hay peronismo”). “Se trataba, sin más, de eliminar a un sector que lidera una fuerza política”.
El escrito alude a otro personaje, en este caso sí identificado pero descartada su responsabilidad penal por parte de la jueza Capuchetti. “La noche del atentado, recién comenzado el 2 de septiembre, Miguel Ángel Castro Riglos afirmó en el grupo” de Whatsapp denominado “los girosos”: “Listo, giroso al final puso inestable a la política argentina” y “literalmente logramos lo imposible, pusimos inestabilidad al país”. A esa expresión respondió Carrizo: “Sinceramente, si bajan a cristina; bajan a La Cámpora; Y con esto le damos un golpe terrible al gobierno; ya fue avisada”.
Hay otro factor que lleva a la querella a dar por cierta la existencia de una planificación contra la idea de un ataque improvisado producto de un impulso de uno, dos o tres “loquitos”. Un informe de la DATIP que obra en el expediente explica que “Sabag Montiel había buscado un trabajo en Recoleta, CABA, pero también en la provincia de Santa Cruz”, dos escenarios en los que Cristina Kirchner era poco menos que un blanco móvil. Poco más de una semana antes del intento de magnicidio, Brenda Uliarte se entusiasmó con Sabag Montiel por la posibilidad de alquilar un departamento en La Recoleta: “Es vivir donde vive Cristina, ¿entendés?, Cristina vive en Recoleta”.
La querella también pidió que se profundice la investigación sobre Hernán Carrol, el hombre a quien, desde la cárcel, Sabag Montiel le encargó que le consiguiera un abogado. Un peritaje citado por Ubeira y Aldazábal muestra “cómo en cuatro días distintos hubo coincidencias de coberturas próximas de antenas entre los teléfonos de Hernán Carrol, Brenda Uliarte, Martín Uliarte y Fernando Sabag Montiel. Además, muestra cómo, el 4 de agosto, el celular de Carrol recibe una comunicación que impacta en la antena de Ángel Pache, domicilio declarado de Gabriel Carrizo”. Una de esas coincidencias podría explicarse en una celebración de cumpleaños consignada en la investigación; las otras tres no tienen explicación alguna.
Finalmente el documento, que no escatima críticas a la denunciada inacción del juzgado, aporta conductas llamativas del diputado Milman y sus colaboradoras, desde cesantías de colaboradores en el Congreso hasta borrados de redes sociales selectivamente, pasando por inversiones millonarias en emprendimientos comerciales que poco parecen tener que ver con la actividad política que desarrolla el legislador opositor.
“Por ahora, está clara la participación de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel, pero resta averiguar la de más personas. Por una parte, están las personas a las que la jueza por ahora no ha querido investigar en lo más mínimo (Milman) y aquella sobre las que solo ha realizado medidas insuficientes y tímidas (Carrol)”, resumió el reclamo de la vicepresidenta.
