Miguel Etchecolatz, cuatro veces condenado a perpetua, descansa en su casa del Bosque Peralta Ramos, donde además del beneficio de la domiciliaria goza de la férrea protección de fuerzas federales. Su salida dio cuenta de una excarcelación generalizada de los genocidas condenados en la última década. Y pronto podría sumarse otra de las espadas del coronel Ramón Camps en la represión en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura: el abogado dos veces condenado a prisión perpetua, Jaime Lamont Smart, por su rol como ex ministro de gobierno de la provincia en dictadura, y como tal, jefe político de la policía Bonaerense.

Smart es un abogado de 82 años que pasa los días tejiendo estrategias y redactando recursos judiciales en su celda de la Unidad 31 de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás” de Ezeiza. Le sobra el tiempo. Siempre estuvo abocado a combatir la “subversión”: inició en 1968 como fiscal nombrado por Juan Carlos Onganía y cuando fue juez integró la Cámara Federal (el “Camarón”) un tribunal de excepción para juzgar a opositores políticos y militantes. El 24 de marzo de 1976 asumió como ministro de gobierno bonaerense, y en el inicio de la democracia defendió a Albano Arguindegui y al apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa.

Está condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata por el juicio Circuito Camps en 2012 (por sus andanzas en el centro Puesto Vasco donde mantuvo desaparecido a Jacobo Timerman y las víctimas del caso Graiver), y en 2014 en el juicio por La Cacha. En esas causas (que Casación todavía no dejó firmes) y otras cuatro elevadas a juicio, el tribunal de La Plata le concedió la domiciliaria. Ese es su objetivo: ir a vivir con su mujer Sylvia Walker en su departamento de la calle Libertad al 1642 de la capital.

La Cámara Federal de Casación Penal volvió a ordenar este lunes que se efectivice la detención domiciliaria para el primer civil condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. Con un fallo dividido de dos votos a favor de los camaristas Gustavo Hornos y Carlos Mahiques, y otro en contra, de Ana María Figueroa, la Sala I revocó la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, que había denegado el arresto domiciliario para Smart, condenado En dos oportunidades -en el 2015 y en el 2016-, con casi idéntica integración, la Sala 1 había ordenado que se otorgara ese beneficio al represor civil, pero la decisión no fue acatada por el juez federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak.