El Poder Judicial volvió a demostrar que no tiene ningún apuro por avanzar en la causa en la que el empresario jujeño Carlos Pedro Tadeo Blaquier está acusado por complicidad civil con la última dictadura y en camino a un juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en lo que se conoció como “la noche del apagón”.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró que no hay urgencia en avanzar en el proceso como para habilitar la feria judicial que culminó el viernes pasado. Poco antes del receso invernal, la Corte Suprema restituyó el procesamiento contra Blaquier y el ex gerente de la empresa Ledesma Alberto Lemos por sus presuntas complicidades con los hechos ocurridos en “la noche del apagón”, el operativo clandestino de la dictadura entre el 20 y el 27de julio de 1976, cuando fueron secuestradas unas 400 personas, muchas de ellas aún desaparecidas.

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La Secretaría de Derechos Humanos, querellante en la causa, había pedido que durante la feria judicial se le enviaran las actuaciones al tribunal jujeño que deberá acelerar el proceso para llegar a la etapa de juicio oral.

Pero la Cámara de Casación, en dos oportunidades, rechazó el planteo, sobre la base de una acordada del propio tribunal penal que establece que “se habilitará la feria cuando sea solicitado por alguna de las partes y se trate de un tema en el que esté en juego la libertad. Para las demás cuestiones, sólo se procederá a la habilitación cuando los interesados acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”.

Los jueces de feria Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña consideraron que “en las presentes actuaciones no se encuentra en juego la libertad de los imputados y tampoco ha sido demostrada la urgencia del caso”.  por la parte recurrente.

Así, frenaron durante dos semanas –las que duró la feria- el trámite del expediente. Ya a principios del receso judicial de invierno  el tribunal había anunciado que enviaría el expediente “una vez finalizada la Feria Judicial; toda vez que lo pretendido no se trataba de un asunto de feria”.

Pero la abogada Paula Carolina Álvarez Carreras, en representación de la Secretaría de Derechos Humano, interpuso un recurso de “reposición”, para que el tribunal reviera su propia decisión.  Argumentó, para ello,  que “la urgencia se encuentra probada y por ende justificado el tratamiento de la cuestión por el irrecuperable tiempo perdido –ocho años de proceso frenado-, a raíz de la resolución dictada por la Sala IV de esta Cámara de Casación, que motivó el pronunciamiento de la Corte Suprema en fecha 8 de julio del año en curso”.

Ocurre que la “Causa Blaquier” siempre encontró un freno en la Casación. Históricamente. De hecho, cuando el expediente ya estaba encaminado hacia el juicio oral, la Casación dispuso la “falta de mérito” para Blaquier y Lemos y obligó a un pronunciamiento de la Corte Suprema, que tampoco mostró demasiado apuro para enderezar el camino.

La Secretaría de Derechos Humanos explicó que la urgencia del trámite estaba dada “por las víctimas que buscan justicia y la obstaculización al avance del proceso que se debe dar cumplimiento a lo ordenado por el más Alto Tribunal y resolverse de manera urgente la cuestión durante la feria judicial”.

La fiscalía coincidió con ese criterio y pidió que “se resuelva la inmediata devolución de las presentes actuaciones al Juzgado Federal de Jujuy -sin importar si la cuestión es o no de feria-, por considerar que un reglamento de la Corte Suprema o de cualquier otro estamento del Poder Judicial no puede ser opuesto al avance de un proceso por delitos de lesa humanidad, que compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino, que demanda una respuesta judicial expedita”.

Pero la Casación no sólo dejó correr el tiempo sino que en el último día de la feria, el viernes pasado, rechazó el recurso.  Para el caso, hubiera sido lo mismo: si lo hubiera concedido, de todas formas la feria ya había tocado a su fin y el objetivo de demorar la Causa Blaquier dos semanas más ya estaba conseguido.