El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, lo hizo de nuevo. Apartó de su cargo al fiscal que estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia, uno de los impulsores de la investigación por la que el juez federal Claudio Bonadio llamó a indagatoria al titular de la ANSES, Emilio Basavilvaso.

En sintonía con su decisión anterior de apartar de su cargo al fiscal Juan Zoni, quien se encaminaba a pedir la indagatoria de Mauricio Macri por las irregularidades en la Causa Correo, Casal borró de la escena a otro fiscal molesto. Y utilizó para ello una tergiversación de los hechos, que se tradujo en una resolución rayana en el cinismo. De Vedia había recibido la propuesta de ocupar interinamente, además de su propia fiscalía en el fuero de la Seguridad Social y de la UFISES, otra en el del Trabajo.

El fiscal es un hombre de impresionante capacidad de trabajo, pero temió verse desbordado. Y entonces sugirió que se designara a un coordinador en la UFISES, una suerte de asistente, que le permitiera organizar el trabajo. Pero sin abandonar la fiscalía especializada en delitos contra el organismo previsional. Eso creyó que era lo que habían acordado con la Procuración. 

Sin embargo hoy se desayunó con una novedad: según la resolución firmada por Casal, él había pedido “dejar sin efecto su designación a cargo de la UFISES”. Casal citó un párrafo textual de su solicitud: “Atento a que mi inminente designación como fiscal subrogante e la fiscalía número tres actuante ante los juzgados nacionales del Trabajo y el cúmulo de tareas que a partir de allí se generará, me impedirá continuar como Coordinador de la UFISES». De Vedia fue finalmente designado como fiscal interino ante el fuero Laboral. Pero en lugar de designar un coordinador en la UFISES para facilitarle la tarea allí, lo que dispuso el procurador interino fue removerlo del cargo.

“A fin de posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar, se dispondrá la designación de un magistrado de la Procuración General de la Nación a cargo de la unidad de mención», explica la resolución. 

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) salió rápidamente a rechazar la medida: “El Procurador General de la Nación (interino) no cesa en allanarle al Poder Ejecutivo sus necesidades en materia judicial, corriendo de sus funciones jurisdiccionales a fiscales y fiscalas de probadas independencia y valentía”.  

El documento subrayó que De Vedia “desde su nombramiento en el cargo no hizo más que honrar su función cuidando los fondos de lxs trabajadorxs ante el vaciamiento de los recursos de la Seguridad Social en los que incurren cientos de empresarios”. Y recordó que su salida de la UFISES “coincide con el nombramiento de Juan Carlos Paulucci (hijo) en la Fiscalía General del fuero de la Seguridad Social, desde donde deberá controlar a su padre, designado previamente Secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación”. 

En la UFISES fue designado el fiscal Gabriel González Da Silva. Su nombre no es desconocido en el Ministerio Público. La ex procuradora general Alejandra Gils Carbó creó durante su gestión la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Cuando el actual gobierno decidió sacar de la órbita de la Procuración las escuchas judiciales y pasárselas a la Corte Suprema, la fiscal Cristina Caamaño pasó al frente de la DATIP. Pero con la llegada de Casal, también ella fue removida de allí y su lugar lo ocupó, justamente, González Da Silva. Todavía hoy está al frente de esa dirección, y desde hoy suma también la UFISES.