Por qué el gobierno de Mauricio Macri habría realizada la mayor compra de armamento bélico de la historia, era la pregunta que se hacían en su denuncia los diputados nacionales del FPV-PJ en bloque el 28 de marzo pasado. Y la enumeración estremecía: 12 helicópteros de ataque Cobra con ametralladoras, lanzagranadas y misiles; 38 aviones para la Fuerza Aérea; y dos aviones Orion y 24 vehículos anfibios para la Armada Argentina. El total de la operación superaba los 2000 millones de dólares y la finalidad, supuestamente, era la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.
Hoy, el juez Sebastián Casanello hizo lugar al pedido del fiscal Franco Picardi, quien por ahora imputó al ministro de Defensa, Julio Martínez, y a los diputados oficialistas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, «sin perjuicio de las responsabilidades penales» que puedan surgir con el avance de la investigación y pidió informes al Ministerio de Defensa y al Congreso para avanzar en una denuncia penal contra los imputados por la presunta comisión de delitos.
Sobre los diputados, Casanello pidió al Congreso que informe sobre viajes que habrían realizado a Estados Unidos por supuestas «negociaciones» que pudieran tener vinculación con la denuncia. Al mismo tiempo, el juez no dio curso aun al pedido del fiscal para que declare Martín Lousteau, por entonces embajador en los Estados Unidos.
