La Cámara del Crimen confirmó y amplió los procesamientos de empresarios y policías por presuntos sobornos para permitir el funcionamiento del boliche Beara, en el barrio porteño de Palermo, cuyo entrepiso se derrumbó en la madrugada del 10 de septiembre de 2010, causando la muerte de dos jóvenes mujeres, Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, y lesiones graves a otros concurrentes.

Con otras palabras, el tribunal coincidió en que “la corrupción mata”. No importa cuál sea el signo político del gobierno. “No cabe en esta etapa descartar la incidencia que el cohecho pudo tener en el hecho acaecido durante la madrugada del 10 de septiembre de 2010, pues con ello se impidió un control razonable de las instalaciones y se facilitó, entre otras cuestiones, la concurrencia y permanencia indiscriminada de personas en el local, extremo que ya se valorara como uno de los factores que llevó a los resultados lesivos ocurridos en la madrugada del 10 de septiembre de 2010”.

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Un grupo de funcionarios del gobierno porteño ya estaban procesados y a la espera del juicio oral y público, ante el Tribunal Oral número 7.

Ahora todos afrontarán el debate en el que podrían sufrir penas similares a las que soportaron los condenados por la tragedia de Cromañón. Por aquel episodio, el gerenciador del boliche de Once, Omar Chabán, murió cumpliendo una condena a once años de cárcel por el cohecho y las muertes.

Hoy, la Sala Séptima de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Mariano Scotto y Mauro Divito, coincidió con los planteos del fiscal Andrés Madrea y ratificó los procesamientos y los embargos por hasta tres millones de pesos de los entonces comisarios Rodolfo Nicolas Cabezas y Luis Eduardo Acosta, del subcomisario Julio Alfredo González y del Sargento Gustavo Flaminio  por los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones culposas graves y leves, más cohecho pasivo por corroborarse que recibían periódicamente entre 2007 y 2010, sobornos mensuales de los socios de los locales comerciales Beara y Caramel.

Según la imputación que pesa sobre ellos, “los pagos tenían por objeto permitir que los boliches siguieran funcionando noche tras noche mediante un uso para que el no estaban habilitados y con sistemático exceso de personas, lo cual resultó otro factor que provocó el colapso del entrepiso y la tragedia que causó la muerte de dos jóvenes”.

El procesamiento también comprende a los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Ronaldo Fliess, Ivan Andrés Fliess y el encargado Agustín De Grazia, quienes formaban la sociedad “El Viejo Sabio S.A.”, que regenteaba el local Beara.

Los ex funcionarios del gobierno porteño que están en camino al juicio oral son los ex titulares de la Dirección de Habilitaciones, Martín Diego Farrell;  los jefes de Habilitaciones Especiales y Esparcimiento, Pablo Damian Saikauskas y Norberto Juan Cassano; el Perito Verificador de Habilitaciones, arquitecto Isaac Rasdolsky; el Inspector municipal Carlos Gabriel Mustapich, y la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Vanesa Berkowski, en su caso por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“El pacto venal se ha acreditado a través de las constancias informáticas, de las que surge que, dentro del presupuesto de Beara, hubo de contemplarse el pago de dinero en concepto de lo que vulgarmente se denomina ‘cometa’ a fin de obtener la habilitación del local. Dentro del planeamiento de Beara se tenía previsto el pago ilícito de dinero y dado que, a pesar de las clausuras dispuestas contemporáneamente, se otorgó la habilitación, existe un plexo probatorio suficiente”.

El fallo amplió el procesamiento contra el policía Cabezas. “Las numerosas comunicaciones detectadas entre él y el coimputado Flaminio, incluso durante el período en el que no compartían destino, persuaden acerca de que el alejamiento funcional del ámbito de la Comisaría 25ª no implicó su desvinculación de la práctica espuria atribuida”.