El fiscal que investiga el caso de Facundo Astudillo Castro pidió hoy un allanamiento urgente de una dependencia policial de Bahía Blanca y que se secuestre un patrullero que, aparentemente, circuló 9 días después de la desaparición del joven por el cangrejal de General Daniel Cerri donde finalmente fueron hallados los restos óseos, que se investiga si pertenecen al joven desaparecido.

Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez solicitó de manera urgente a la jueza María Gabriela Marrón el allanamiento de la sede de la Unidad Policial de Prevención Local, ubicada en la calle Pacífico 281, de Bahía Blanca, y el secuestro de móvil 20.610, un Toyota Etios asignado a esa dependencia. Se trata de una seccional que depende orgánicamente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pero cuenta con una colaboración logística de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Según las fuentes consultadas, el pedido del fiscal surgió a raíz de un informe que le entregó en las últimas horas la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que determinó una irregularidad de ese móvil policial tras el análisis de geolocalización de AVL.

«El informe explica que las señales de GPS emitidas por el patrullero referido darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo pasado a varios kilómetros alejado de su rutina y en cercanías del lugar dónde se produjo el hallazgo de restos humanos el 15 de agosto pasado, advirtiéndose anomalías en los registros», dice el escrito del fiscal al pedir el allanamiento de la seccional policial. Según el informe, el GPS del vehículo marcó que ese día estuvo detenido durante 35 minutos a unos 800 metros del lugar donde fueron encontrados los restos esqueletizados.

Ante esa situación, el fiscal pidió el allanamiento de la seccional policial y el secuestro del auto, como así también, la incautación de «los libros de guardia de dicho destacamento donde surjan los movimientos y los agentes que prestaron servicio o tenían asignado el móvil el 8 de mayo pasado, los teléfonos celulares pertenecientes a esos efectivos policiales, los dispositivos electrónicos del lugar, handys, anotaciones y cualquier otro elemento que pueda resultar de estricto interés para la investigación».

El informe de Asuntos Internos señala que existieron anomalías en los registros, ya que “en la rutina que estaba cumpliendo el móvil, la secuencia de georreferenciación da un ‘salto’ de más de 10 kilómetros en apenas 41 segundos, para volver con otro ‘salto’ luego de 3 horas 38 segundos, y el recorrido de rutina en apenas 28 segundos”.

El procedimiento en la dependencia policial iba a ser realizado por efectivos de la División Búsqueda de Prófugos y Personas desaparecías de la Policía Federal Argentina (PFA), agentes locales de la mencionada fuerza y perros de Bomberos.

Además, se le requirió al Centro Único de Monitoreo de la Municipalidad de Bahía Blanca que, en el término de 24 horas, presente las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentren en cercanías a la UPPL ubicada en el Barrio Noroeste de esta ciudad, correspondientes al 8 de mayo pasado.

Asimismo, se le solicitó al Ministerio de Seguridad bonaerense que aporte las modulaciones del patrullero mencionado, que se individualice todos los móviles asignados a esa seccional y que realice la geolocalización por AVL de la totalidad de patrullas de esa dependencia que se hubieran posicionado entre las localidades de Teniente Origone y General Daniel Cerri.

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