Se trata de Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Bernardo Saravia Frías sospechados de haber actuado en beneficio de las empresas adjudicatarias.
El ex ministro de Transporte Dietrich; el ex de Hacienda Dujovne; el ex de Energía Iguacel y el ex procurador del Tesoro Saravia Frías habían sido procesados por el juez Rodolfo Canicoba Corral tres días antes de jubilarse.
El magistrado había sostenido que todos “actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo».
Las empresas en cuestión son Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste, adjudicatarias de concesiones viales que renovaron durante el gobierno de Cambiemos en condiciones híper ventajosas y con un supuesto perjuicio para el Estado.
Los procesamientos fueron anulados por la Cámara Federal por omisiones procesales de Canicoba Corral, pero la investigación siguió abierta y hoy está en pleno trámite. En ese contexto, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía pidieron embargos preventivos e inhibición de bienes contra los imputados, para garantizar la disponibilidad de fondos para hacer frente a una eventual condena patrimonial.
Pero la Sala de Feria de la Cámara, con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, replicaron que “tanto los embargos preventivos como las inhibiciones generales que –en forma previa a la emisión de un auto de mérito- solicitaron los acusadores exigen, como requisito ineludible para su dictado, de razones objetivas que hagan presumir un cuadro de peligro en la demora (entre otros factores)”.
Esas circunstancias –entendieron- no se dan en el caso.
Canicoba Corral había embargado a los ex funcionarios hasta cubrir la suma de 500 millones de pesos en cada caso. Cuando la Cámara anuló los procesamientos, los embargos también cayeron.
“En este momento, no surgen indicios (ni las alegaciones de las partes apelantes aportan signos en tal sentido) que hagan presumir un cuadro de situación compatible con el exigido por la doctrina enunciada”, dijo la Sala de Feria de la Cámara.
“Se trata de una investigación iniciada hace aproximadamente un año, que no está en una instancia primigenia de colección de prueba (…) Esos actos han terminado de completarse recientemente, algunos incluso luego se anularan los procesamientos dictados por el entonces instructor, por entender que fueron resueltos sin que los encartados tuvieran oportunidad de acceso a las evidencias invocadas en su contra”.
La causa está actualmente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
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