La abogada de Amado Boudou, Graciana Peñafort, se manifestó “consternada” ante una investigación periodística que indica que el testigo arrepentido del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, recibió fondos públicos, a través del programa de Protección de Testigos, para incriminar al ex vicepresidente, hoy preso.

“En el caso de Boudou los jueces no tenían pruebas: tenían el libro de (Hugo) Alconada Mon que no era prueba: no había más que eso”, sostuvo Peñafort en diálogo con Radio El Destape sobre una investigación periodística realizada y publicada por ese medio en su portal web.

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Recordó que quien “aportó una prueba, que no pudo acompañar con documentación, fue Vandenbroele, y en base a eso lo condenaron a Boudou”.

“Ha quedado demostrado que el sistema de arrepentidos fue creado por el macrismo para perseguir opositores”, consideró.

El periodista Ari Lijalad publicó una serie de documentos oficiales, provenientes del programa de Protección de Testigos, en donde consta que Vandenbroele recibió fondos públicos por 1.500.000 pesos para un “proyecto laboral”, días después del dictado de prisión con condena efectiva a Amado Boudou.

“Sabíamos que había algo raro con Vandenbroele y ahora vemos que para la prisión de Boudou le pagaron con un hotel”, sostuvo Peñafort, en relación al emprendimiento inmobiliario La Masía, un hotel del tipo boutique montado por el testigo arrepentido en Mendoza, cuyo nombre figura en los legajos dados a conocer por El Destape.

“Nosotros reclamamos todo el tiempo esa información, nunca nos lo quisieron dar “, dijo Peñafort, en relación al legajo del Programa de Protección de Testigos.

En el juicio por el caso Ciccone, “Vandenbroele fue crucial porque fue el testigo que puso a Boudou en la ‘escena del crimen’, cuando en realidad era un ministro de Economía ejerciendo sus actividades normales”, dijo Peñafort.