El ex titular de la AFI Gustavo Arribas y su ex número dos, Silvia Majdalani, fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de espiar ilegalmente a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, donde tenía sus oficinas cuando era senadora nacional, en agosto de 2018.

El caso de espionaje ilegal a opositores políticos durante el gobierno de Juntos por el Cambio escaló así hasta el peldaño inmediatamente anterior al ex presidente Mauricio Macri, quien según la Ley de Inteligencia es el jefe directo, sin intermediarios, de la Agencia Federal de Inteligencia.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, citó a Majdalani para el domingo 12 de julio, y a Arribas para el día siguiente. La lista de indagados se completará con el ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste, quien fue convocado para el 10 de julio.

“Existiendo motivos bastantes para sospechar que Martín Coste, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas han participado de la comisión de los hechos delictivos investigados en la presente causa, considero necesario citarlos a prestar declaraciones indagatorias”, escribió el juez Auge.

El juez pidió a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, “el levantamiento del secreto que deben guardar los nombrados en el marco de la Ley Nacional de Inteligencia” para que puedan ejercer su derecho de defensa en la indagatoria.

No obstante, esta mañana el abogado de Majdalani, Juan Pablo Vigliero, planteó la “incompetencia territorial” de juez Auge, porque tanto el Instituto Patria cuanto el domicilio de CFK están en la Capital Federal, es decir que debería intervenir –según ese criterio- un juez de Comodoro Py 2002.

Además, Vigliero planteó una “excepción de falta de acción invocándose la existencia de cosa juzgada a favor de la señora Majdalani”.

Ocurre que ya hubo una causa por el espionaje contra la ex presidenta. Estuvo a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a Arribas y Majdalani después de haber certificado con un llamado telefónico al juez de Lomas de Zamora Federico Villena que había una investigación en curso de agentes de la AFI por supuestos atentados en el marco de la Cumbre del G-20.

Esa fue la mascarada que utilizó la AFI para justificar el espionaje ilegal. Todo ese ficticio castillo de naipes acaba de derrumbarse, pero el fallo de Martínez de Giorgi (que ahora se revela poco menos que absurdo) todavía está vigente: Arribas y Majdalani están sobreseídos y esa decisión se encuentra firme.

El juez Auge dispuso, en la misma resolución, el procesamiento del ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz, detenido desde la semana pasada en el marco de la misma causa, pero ordenó su inmediata libertad.

Ruiz fue procesado por la violación del artículo 43 ter de la ley de Inteligencia, que establece que “será reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes”.

Ello confirma, ahora por la vía judicial, la acusación que está presente desde hace dos años: hubo contra la ex presidenta “acciones de inteligencia prohibidas”.

Ruiz también fue procesado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos”, según la resolución firmada por Augé, quien dispuso además un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.