Sergio Maldonado fue citado a declarar el 7 de mayo en la causa por espionaje ilegal contra su familia durante la investigación por la desaparición de su hermano Santiago, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 17 octubre de 2017. 

Las escuchas ilegales habían sido pedidas por la fiscal Silvina Ávila y el juez Guido Otranto les dio curso. Más tarde, cuando el hecho salió a la luz, el magistrado Gustavo Lleral ordenó destruirlas por “inconstitucionales” e incompatibles con “los derechos fundamentales de los testigos y, sobre todo, del hermano de la víctima”.

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Pese a los intentos oficiales para que el mismo juez Otranto investigara el caso, hace casi un año la Cámara Federal porteña ordenó que el hecho fuera investigado por el juez federal Daniel Rafecas.

La noticia fue tuiteada por la abogada Myriam Bregman, quien realizó la presentación junto con Liliana Mazea y Matías Aufieri, del CeproDH. La causa es por las escuchas y la inteligencia ilegal que llevaban adelante miembros de Gendarmería Nacional sobre Sergio Maldonado, Andrea Antico, otros querellantes de la APDH de la región patagónica e integrantes de otros organismos como el CeProDH.


La familia Maldonado emitió una declaración en la que aseguró: “Somos víctimas de una metodología que implementada por el Ministerio de Seguridad, combina espionaje de las fuerzas, un brazo judicial con jueces y fiscales presionados que investigan a las víctimas en lugar de investigar a los culpables y una estructura de medios y periodistas especializados en desviar los temas y sembrar noticias falsas”.