En la Argentina de todes no puede haber lugar para la doble vara. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco. Pero desde hace años el Grupo Clarín ocupa ilegalmente el predio de Lima 1261, utilizado como estacionamiento privado de Canal 13. Este hecho parece no escandalizar a nadie, y en efecto no enciende duros editoriales en defensa de la propiedad privada o de la República. Al contrario, es un silencio que encubre la condición históricamente parasitaria y ocupa de la derecha empresaria argentina. El Estado es enemigo cuando regula derechos, pero un amigo cuando concede favores o regala ventajas.

El jueves pasado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intentó ceder a Clarín el terreno de Constitución mediante una subasta a medida, totalmente irregular, en la que el grupo fue el único oferente precalificado. La diputada nacional Paula Penacca, les legisladores Ofelia Fernández y Javier Andrade, la comunera Sofía González, la referente social Victoria Freire y el canal comunitario Barricada TV presentaron un amparo que logró suspender la adjudicación. Como resultado, la jueza María Soledad Larrea dictó una precautelar para que no se avance con una cesión por 30 años con un canon de 265 mil pesos mensuales, y le exigió al jefe comunal que en el plazo de 5 días aporte documentación acerca del uso y permisos de los terrenos que Clarín ocupa de manera ilegal.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

A fines de 2018 un grupo de medios populares y comunitarios, dirigentes del Frente Patria Grande, organizaciones y movimientos sociales movilizó a Canal 13, nave insignia del Grupo Clarín, para exigir que Cablevisión incorpore los canales sin fin de lucro con licencia dentro de la grilla, como manda la ley. La empresa no sólo incumple la normativa, censurando voces y discriminando prestadores, sino que también persigue a quienes protestan contra su autoritarismo. En aquella oportunidad el grupo inició una contravención contra quienes se manifestaban en el estacionamiento ubicado a sus puertas, pero la causa fue desestimada cuando no pudo demostrar ser dueño del terreno: la protesta se desarrollaba en un espacio público.

Este accionar no nos sorprende. En casi todos los segmentos en los que participa Clarín ostenta una posición dominante. Además de las audiencias, concentra los mayores ingresos del mercado. El Grupo ha consolidado su posición monopólica y de poder incumpliendo leyes, censurando y acallando voces como lo hace con los canales comunitarios. Esto constituye una grave lesión del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Larreta ha intentado avanzar con esta subasta un paso más brindándole nuevas ventajas. Esperamos que esta vez se haga justicia y que este hecho signifique un precedente para poner fin a los abusos de poder.

El estacionamiento que utiliza Canal 13 fue emplazado en tierras públicas a partir de una cesión gratuita con vigencia de 28 años realizada por la última dictadura militar. Una vez vencido ese plazo, en 2006, el Grupo se siguió beneficiando con prórrogas y extensiones a precio vil. En 2017, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscribió junto con la empresa un acta en la cual consta la restitución del terreno a la Ciudad y en la que se establece que ésta se efectúa mediante expresa rescisión por parte de la peticionaria. Pero nada de esto sucedió y al día de hoy sigue ocupando el predio de dominio público ubicado en una posición estratégica en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo un trato preferencial de parte de la gestión porteña.

Esta situación contraria a la ley fue denunciada por nosotres en el año 2019 ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N*21 a cargo del fiscal Federico Tropea, quien como suele suceder en las causas que involucran al GCBA ordenó el archivo sin siquiera llamar a declarar a quienes suscribieron el acta tal como consta en el expediente MPF 328941 “RESPONSABLE DE LA EMPRESA ARTEAR S.A. s/infr art 181 inc 1 – Usurpación- Malversación de caudales públicos. Curiosamente dos semanas antes de esta subasta la fiscalía de cámara ordenó el desarchivo e instó a que se investigue la posible usurpación de dicho predio y la malversación de caudales públicos por parte de las autoridades porteñas. No sorprende entonces la velocidad y el oscurantismo en el que pretendieron desarrollar todo el proceso de la subasta, seguramente con el objetivo de “poner los papeles en orden” ante el avance de esta investigación penal.

Atento la naturaleza del proceso -un amparo colectivo- el GCBA deberá darle publicidad al mismo para que todas las personas que tengan interés jurídico puedan participar en el proceso. En ese sentido convocamos a toda la ciudadanía a presentarse y adherir a la acción con el objetivo de defender el patrimonio público de todas las porteñas y porteños.

La encrucijada es entre permitir la entrega a precio vil del patrimonio público -con un beneficio para los funcionarios porteños como contraparte de ese acuerdo que sólo podemos sospechar- o la posibilidad de defender y decidir su destino para beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Esa ecuación sólo se resuelve favorablemente con una alta participación social.