Seis años después de ocurridos los hechos, la Corte Suprema determinó que un juez penal de instrucción deberá intervenir en una denuncia por el violento desalojo de los terrenos de lo que hoy es el barrio Papa Francisco, en la intersección de la avenida Cruz y la calle Pola, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Los hechos acaecieron el 24 de agosto de 2014. El entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, está imputado en la causa. De hecho, la carátula del expediente 51.454/2014 es, justamente, “Macri, Mauricio y otros s/ averiguación de delito”.

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En su último acuerdo, celebrado el 23 de julio pasado, el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, resolvió asignarle el expediente al juez de instrucción número 26 Damián Kirszenbaum.

En disidencia, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz y la vice, Elena Highton de Nolasco, se habían inclinado por reenviar la puja por la competencia a la Cámara Federal porteña para que allí se dirimiera qué juez debía intervenir.

La Corte tenía el asunto para definir desde el 14 de setiembre de 2018. Ese día, la procuradora general adjunta Adriana Marchisio había dictaminado lo mismo que la Corte terminó resolviendo casi dos años más tarde.

Cuando un grupo de vecinos tomó los terrenos de lo que hoy es el barrio Papa Francisco e intentó instalarse allí, y fue violentamente desalojado por fuerzas de seguridad,  se inició una causa judicial que hasta ahora no ha avanzado ni un ápice.

“Se menciona que las fuerzas de seguridad que llevaron adelante el operativo no se ciñeron a lo estipulado en la orden de desalojo emitida por una juez local, provocaron daños a la propiedad, sustrajeron bienes de los moradores y lesionaron a algunos presentes en el lugar”, resumía la denuncia.

El operativo estuvo a cargo de la policía local, a la que Gendarmería Nacional –según un primer análisis tras la denuncia- sólo prestó “un auxilio de importancia secundaria”.

El operativo tuvo como objetivo “desocupar terrenos que se encuentran en el dominio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por orden de autoridades judiciales igualmente locales”, sin participación del Ministerio de Seguridad de la Nación, por lo que no debía intervenir la Justicia Federal.

El operativo de desalojo había sido ordenado por la jueza local Gabriela López Iñíguez, hoy magistrada de un tribunal oral federal que tiene a cargo el juicio por la denominada “ruta del dinero K”, en el que el empresario Lázaro Báez lleva casi cuatro años y cuatro meses preso sin condena en su contra.

En el operativo de desalojo resultó herido por balas de goma el entonces diputado nacional Pablo Ferreyra, quien había concurrido con otros legisladores, varios de ellos locales, para evitar episodios de violencia.

La causa transitó en un momento por el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez, pero el magistrado se desprendió del expediente porque consideró que no era él quien debía intervenir.

La procuradora Marchisio coincidió con el criterio: “Si, conforme surge de los antecedentes, el juez federal que asumió oportunamente la competencia para conocer en los hechos, no encontró en el curso de la investigación elementos que le permitieran sospechar la intervención de funcionarios nacionales, entonces corresponde, tal como lo ha hecho ese magistrado en concordancia con lo solicitado por el fiscal, asignar la competencia a favor de la justicia ordinaria”.

Dos años después, el fallo de la Corte confluyó en la misma dirección. En el ínterin, Macri cumplió su mandato como jefe de gobierno porteño, fue elegido presidente, completó su período presidencial y regresó al llano, desde donde intenta ahora recobrar protagonismo político.

La investigación por aquellos episodios, seis años después, apenas está iniciándose.