La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, defendió el proyecto que crea el “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial” y cuyo objetivo es disponer la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, con el fin de darles el título de propiedad a sus habitantes.

Stanley afirmó ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que el proyecto “saldará una deuda histórica” y explicó que el proceso de relevamiento de los barrios “se viene dando desde 2016”. En ese marco destacó que el trabajo se hizo junto al ANSeS, ONGs y Movimientos Sociales)

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“No sólo hablamos de una deuda histórica con cada una de las personas y familias que vive en barrios populares, villas y asentamientos por la falta de servicios, sino también en muchos casos por la falta de poder acceder a una escritura o certificación de las casas en las que viven”, expresó.

La oposición, a grandes rasgos, coincidió en dos cuestionamientos: La falta de detalle presupuestario y como se adaptara la ley a los procesos de urbanizaciones que ya están en marcha.

El vicepresidente del bloque de diputados del FPV-PJ, Fernando Espinoza,  rememoró que en el año 2015 se envió un proyecto de Ley Federal  de Regularización Dominial de la Vivienda Familiar al Congreso que fue aprobado por la Cámara baja, tras lo cual evaluó: “Si ya tenemos un proyecto de ley que tiene media sanción de esta Cámara, ¿por qué no lo  aggiornamos?, ¿por qué no seguimos trabajando sobre  ese texto, añadiendo lo que propone este nuevo, como el fideicomiso o la imposibilidad de realizar desalojos por dos años”?. “¿Por qué cada vez que cambiamos un gobierno borramos todo lo bueno que hizo el anterior?”, indagó.

Con respecto a lo presupuestario la respuesta de la ministra fue tajante: “Se discutirá cuando se debate el presupuesto. En tanto, respecto de la compatibilidad con las urbanizaciones en marcha no hubo una respuesta certera sino el compromiso de hablar con cada uno de los municipios.

Stanley se fue, pese a que había citado una decena de expositores, entre ellos vecinos que viven en los barrios que son pasibles de urbanización.

Más allá de los cuestionamientos de los especialistas, los vecinos reclamaron por trabajo en las futuras obras y denunciaron que no habían sido tenidos en cuenta a la  hora de la elaboración del proyecto.