Con el argumento de una saturación de las cárceles por la nueva ley de Flagrancia, desde hace un mes el gobierno nacional comenzó a enviar al predio de Campo de Mayo a represores condenados y a imputados por crímenes de lesa humanidad.

Así, a fines de diciembre llegó a tener a 54 represores detenidos en la reabierta Unidad 34 de la guarnición militar, donde funcionaros centros de detención y una maternidad clandestina en la última dictadura.

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A partir del reclamo de fiscales, como los casos de Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada en apropiaciones, y Ángeles Ramos, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, se lograron revertir al menos 4 detenciones: como la del ex capitán Víctor Alejandro Gallo, condenado por la apropiación de Francisco Madariaga Quintela, quien justamente nació en la maternidad clandestina de Campo de Mayo; también fueron revocados los traslados de Luis José Ricciuti y Salvador Giribone, ambos condenados por apropiación.

“No están dadas las condiciones jurídicas ni de seguridad para que haya internos militares en ese penal”, aseguró en diálogo con Tiempo la fiscal Ramos, quien participó de un recorrido por la cárcel junto a los fiscales generales Jorge Auat y Alejandro Alagia, y la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky.

“Es una cárcel exclusiva porque sólo aloja a un sector militar y nosotros objetamos esa exclusividad, porque deben cumplir pena en cárcel común según lo señala la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, indicó.

A esa exclusividad, se le suman las condiciones de detención “preferenciales”: tienen aire acondicionado y permanecen en habitaciones y no en celdas. Los fiscales no lograron acceder a las ‘habitaciones’ ante la negativa de los represores.

Sin embargo, la fiscal señala que “no es un lugar adecuado para alojar personas mayores de 70 años”.

La seguridad del predio es otra cuestión. “Es más relajada la seguridad, está muy disminuida. Hay un perímetro de alambre, no hay cámaras y hay poco personal de custodia para la cantidad de internos”,

A la poca cantidad de miembros del Servicio Penitenciario se suma la intervención permanente del Ejército, en cuyo predio funciona el penal.

“La intervención del Ejército en el Servicio Penitenciario es permanente. Entran y salen, la ambulancia la prestó el Ejército, los llevan a tratarse al Hospital Militar de Campo de Mayo y la alimentación la prevé el Ministerio de Defensa, cuando lo debería cubrir el Servicio Penitenciario”, explicó la funcionaria.

Otro cuestionamiento es a la legalidad de la prisión. “Este lugar operó como centro clandestino y eso es gravísimo desde lo institucional. Pero jurídicamente tampoco están dadas las condiciones: los argumentos del Ministerio de Justicia en relación a los cupos por la ley de Flagrancia no son suficientes para habilitar de manera tan improvisada y para habilitar una cárcel para los peores crímenes que se pueden cometer”, manifestó.

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