A partir de la denuncia mediática por extorsión que realizó Daniel Vila en el programa de TV abierta Animales Sueltos contra el presidente Mauricio Macri, Graciana Peñafort (@gracepenafort) y Fernando Krakowiak (@fkrakowiak) explicaron en Twitter lo que se oculta debajo de esta punta del iceberg: el derrotero de medidas discrecionales del gobierno a favor de Cablevisión (Clarín) en esta trama. A continuación retomamos este rompecabezas para poner el foco en dos aspectos: cómo se regula este recurso y la relación entre el Estado y las empresas del sector en estos últimos cuatro años.

La extorsión de la que Vila manifiesta haber sido víctima se relaciona con las presiones de Mauricio Macri y su ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, para que desista de un reclamo judicial que mantenía por bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, que había obtenido en 2014 la empresa Arlink (Supercanal/Grupo Vila-Manzano) y que no fueron adjudicadas por falta de pago. El espectro en disputa corresponde a la licitación para servicios de telefonía móvil 4G principalmente, que contemplaba la entrada de un cuarto jugador que resultó ser Arlink, además de los operadores Movistar, Personal y Claro (Cablevisión y Nextel, en aquel momento dos empresas separadas, habían comprado los pliegos pero finalmente no se presentaron). Frente al incumplimiento de pago de los 506 millones de dólares ofrecidos por parte de Arlink, el gobierno dejó sin efecto la adjudicación y, con la sanción de la Ley de 27208 de Desarrollo de la Industria Satelital en noviembre de 2015, las bandas de frecuencias quedaron reservadas para el empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT “priorizando aplicaciones de Protección Pública y Operaciones de Socorro y Defensa” y “atendiendo fundamentalmente las zonas de mayor vulnerabilidad del país” (art.12).

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Hasta aquí, cabe aclarar que el espectro radioeléctrico es un bien público y patrimonio común de la humanidad y, como tal, es administrado, asignado y controlado por los Estados nacionales, en armonía con las normas y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para la prestación de servicios específicos que conllevan el cumplimiento de una serie de obligaciones. Se trata de la concesión de este recurso para su explotación y, más allá de si su adjudicación se produjo a través de concursos, licitación, subasta, etc., no es propiedad del Estado -que lo administra- y menos aún de una empresa privada.

¿Y cómo siguió la historia? La empresa Arlink judicializó la medida y, según Vila, el gobierno de Mauricio Macri, a través del propio presidente y su ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, lo presionaron para que desista de su reclamo a cambio de la aprobación de la venta de su empresa. El empresario describe una trama que incluye la presión directa a través de una denuncia penal y audios de WhatsApp de Macri.  La gravedad institucional de la denuncia reviste varias aristas y, en caso de comprobarse, confirma una serie de operaciones que incluyen el uso del sistema de justicia por parte del gobierno para torcer voluntades y lograr medidas que favorecen a actores específicos del sector en detrimento de otros. La otra cara de esta moneda muestra la capacidad de lobby de las principales empresas, que obtienen sus exigencias sin necesidad de impulsar leyes, a decreto limpio en muchas ocasiones, y con decisiones que calzan como guante. ¿Y por qué decimos esto último?

Porque pasaron (otras) cosas: al rompecabezas de esta historia le faltan varias piezas. Vila mencionó que el presidente le reclamaba esas frecuencias “porque lo tenía comprometido con Clarín”.  Y algunas medidas parecen encastrar: durante el primer año de gobierno, se autorizó la compra de Nextel por parte de Cablevisión (Clarín), la cual había a su vez comprado otras cinco empresas con acceso a espectro radioeléctrico unos meses antes: el desembarco de Clarín en las telecomunicaciones. El decreto 1340/2016 del 30 de diciembre habilitó el refarming y el acceso a espectro a demanda, que encauzó estas operaciones comerciales en materia de disponibilidad de recursos. No obstante, la pieza principal llegaría poco después: la autorización de la fusión de Cablevisión (Clarín) y Telecom, anunciada en 2017 y aprobada en 2018.

Pero esto no es todo. Además de destrabar el reclamo judicial de Vila sobre esas frecuencias, en enero de este año el Decreto 58/2019 quitó las frecuencias reservadas a ARSAT por ley, pero el decreto no fue convalidado por la Comisión Bicameral. A comienzos del gobierno de Macri el DNU 267/2015 que modificó las leyes del audiovisual (26522) y telecomunicaciones (27078) corrió mejor suerte y modificó los aspectos centrales de estas normativas, en particular los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habían sido judicializados por el Grupo Clarín y confirmados como constitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación dos años antes.

Hace casi cuatro años, la necesidad y urgencia de estas medidas fueron justificadas por la inminente sanción de una nueva Ley de Servicios Convergentes (según se comprometió el gobierno ante la CIDH en abril de 2016) cuyo borrador nunca se presentó a la sociedad y menos aún al Congreso de la Nación por la Comisión Redactora conformada para tal fin. La contracara ha sido la creación del Enacom, un organismo regulador con mayoría automática del Poder Ejecutivo, profundos cambios a medida de algunos operadores del mercado por decretos y, posiblemente, el uso de recursos y poderes del Estado al servicio de los intereses y negocios de unas pocas empresas. El slogan de gobierno “Haciendo lo que hay que hacer” tiene varios significantes: ese compromiso quizás ha sido eficiente, pero no necesariamente hacia la ciudadanía.