Con algunas modificaciones al texto original enviado por el Ejecutivo al Congreso, el oficialismo firmó este miércoles en soledad el dictamen a favor del proyecto de ley de reforma judicial que fue debatido durante todo el mes de agosto en audiencias públicas en el Senado. La iniciativa, que no contó con el respaldo de Juntos por el Cambio se trataría en el recinto el próximo jueves 27.

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales presidido por María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli, ambos del oficialismo, se volvió a reunir de manera remota este miércoles por la tarde para darle el toque final al proyecto tras haber escuchado por tres semanas a más de 50 expositores. 

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Antes de mencionar las modificaciones, Sacnun destacó el trabajo de las comisiones y señaló que “es un proyecto que no llegó cerrado al Senado, sino que fue discutido y se le pudieron introducir reformas para mejorar la calidad de la competencia de la justicia federal”. 

Además, informó que, según la estimación presupuestaria del Ministerio de Justicia, “el costo de la reforma judicial, basado solo en los nuevos cargos a crear, será de $1.939 millones de pesos”. El dato, dio pie para que el senador del Pro Esteban Bullrich, volviera a pedir que el proyecto pase por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero no tuvo respuestas. 

Entre los cambios que se hicieron a la iniciativa, que no perdió su espíritu original, figura el aporte de algunos expositores sobre un régimen específico en materia penal juvenil. Así como también modificaciones en torno al sorteo de las causas que, para brindar mayor transparencia, serán gravados con medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. La selección de candidatos y los concursos se mantendrá con la modalidad de audiencia pública y exámenes por escrito manteniendo el anonimato de los postulantes.

Por otro lado, tras escuchar las exposiciones de representantes de derechos humanos, las secretarías con competencia específica en la materia mantendrán esa exclusividad. Además, no se unificará el fuero Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia.

Desde Juntos por el Cambio, los senadores reiteraron las críticas al proyecto. En ese sentido, la tucumana Silvia Elías de Pérez advirtió que “el gobierno está tratando de intervenir en la justicia, por eso nos oponemos y no podemos hacer aportes al proyecto porque, además, va a contramano de lo que necesita la Argentina”, haciendo alusión a la movilización del pasado 17 de agosto.

El proyecto sería tratado la semana que viene en el Senado. Como el dictamen cumplirá los 7 días que establece el reglamento, el oficialismo sólo necesitará aprobarlo con la mayoría simple, número con el que cuenta por lo que se da por descontado su giro a Diputados.

El poroteo en la Cámara Baja

Mientras en el Senado todo parece marchar viento en popa para el Frente de Todos, el panorama en Diputados no es alentador. Para empezar, sigue sin renovarse el protocolo de trabajo remoto que permite la firma de dictamen y el tratamiento de proyectos en el recinto bajo esta modalidad a distancia en el marco de la pandemia.

Su renovación depende del acuerdo parlamentario de todos los jefes de bloques. Desde el interbloque que preside Mario Negri (JxC) no sólo no se quiere tratar la reforma judicial sino que también se le pidió al gobierno que retire el proyecto del Congreso. Pero el mayor problema, para el Frente de Todos es que sólo cuenta con 118 legisladores por lo que necesitará de las voluntades de los otros dos interbloques opositores que componen el cuerpo.

En ese punto, los cuatro diputados que responden al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti; los tres diputados afines de Roberto Lavagna y la chaqueña Beatriz Avila, cuyo bloque está dentro del espacio del mendocino José Luis Ramón, ya anunciaron que no votarán la reforma en estas condiciones. También anticiparon su negativa los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Pla. 

La mayoría de los legisladores coincide en que, en este contexto, la reforma es “absolutamente inoportuna” y que hay que avanzar con iniciativas que “sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva”. Tarea fina tienen el presidente de la Cámara, Sergio Massa y el presidente del bloque del FDT, Máximo Kirchner, para conseguir los acuerdos.