La Cámara de Senadores aprobó esta madrugada por amplio margen los proyectos de ley de Reforma Previsional y el pacto fiscal, impulsados por el gobierno nacional y acordados con 23 gobernadores.

Tras un extenso debate que duró más de 8 horas y que terminó cerca de la medianoche, los proyectos pasarán a la Cámara de Diputados para ser tratados después de la asunción de los nuevos legisladores.

El proyecto de Reforma Previsional fue aprobado por 43 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones en general, mientras que en su votación particular recibió el respaldo de 42 senadores y 24 en contra.

El Consenso Fiscal, en tanto, fue aprobado en general y en particular por 52 votos contra 15, y dos abstenciones; mientras que el proyecto de Responsabilidad Fiscal obtuvo la adhesión de 53 legisladores, 14 votaron en contra y hubo dos abstenciones.

La ley previsional enviada por el gobierno incluye propuestas sobre cambios en el cálculo de los aumentos de haberes y la extensión de la edad jubilatoria a los 70 años. La sufrió algunas modificaciones en comisión, propuestas por el grupo de senadores que encabeza Miguel Ángel Pichetto, para que el cálculo se haga en base a una combinación de «un 70 por ciento del índice inflacionario y un 30 por ciento de la variación de salarios», en lugar de tener en cuenta sólo la inflación y el crecimiento del PBI, como establecía el texto original.

Por otro lado, el Estado Nacional garantizará a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En tanto, el proyecto de consenso fiscal firmado por el Gobierno nacional con las 23 provincias excepto San Luis incluye modificaciones tributarias y previsionales a cambio de que los distritos desistan de sus juicios contra el Estado nacional.

Entre los puntos acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores se destacan la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias y el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

El gobierno acordó una compensación a las provincias que adhirieron al acuerdo a través de transferencias diarias y automáticas para compensar la pérdida de recaudación. La provincia de Buenos Aires recibirá 21.000 millones de pesos en 2018 y 44.000 millones para 2019, montos que se actualizarán a partir de 2020 en base a la inflación.

«Como tenemos responsabilidad con nuestras provincias y gobernadores nos toca la ingrata tarea de acompañar estos acuerdos porque creemos que los pactos deben cumplirse», afirmó Pichetto, jefe del bloque de senadores del bloque PJ-FpV, para luego advertirle al oficialismo: “No repitan este tipo de medidas porque no van a pasar por el Congreso”.

El flamante jefe del interbloque Cambiemos, el radical Luis Naidenoff, aconsejó “tener madurez y sentido de responsabilidad política.”

“Lo que nadie dice es que la vieja fórmula no se puede poner en práctica porque fue una ficción, porque cuando se la aplicó nunca se incorporaron a los jubilados que ingresaron por la vía de la moratoria y porque es pro cíclica: cuando el país no crece los haberes no están por encima de la inflación”, explicó.

Finalmente, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien votó en contra de las tres leyes, dijo que la legislación previsional iba a bajar los haberes jubilatorios y recordó que “el radicalismo repitió lo mismo cuando formó parte de la Alianza”.

“Empezó el ajuste y será cada vez peor y el peronismo, desde la calle, defenderá los derechos de los que menos tienen”, sentenció.