Representantes de los jueces se expresaron este jueves en contra del proyecto de reforma judicial que presentó el gobierno de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación. Ocurrió en la segunda jornada de audiencias virtuales del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde los magistrados se mostraron preocupados por la cantidad de nuevos juzgados y la forma en que se designarán a los funcionarios.

El presidente de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, hizo cuatro observaciones respecto a la letra chica del proyecto en el caso del sistema acusatorio, proceso de selección, análisis que debieron haberse hecho en las comisiones de mapa judicial y a la inexistencia en previsiones en torno a infraestructura y presupuesto. 

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“Se propone crear más cargos de jueces que de fiscales cuando la ecuación debería ser inversa”, deslizó Gallo Tagle y advirtió que “el proyecto de ley provocará un desguace y desmantelamiento del centenario fuero Nacional Criminal y Correccional, omitiendo toda la suerte que han de correr sus magistrados”.  Asimismo, destacó que estos tribunales registran actualmente 75 vacantes, por lo que la ocupación de 23 jueces del fuero en las mayores labores implica la atención simultánea en tribunales, lo que podría “resentir notablemente la administración de Justicia”.

En cuanto al proceso de selección, señaló que “este sistema de concursos no puede dejar de lado la valoración de los antecedentes de los participantes”. “El proyecto dice que, para la selección de los candidatos para cubrir los cargos previstos, establece que la prueba será oral y pública. Esta disposición es de suma importancia por dos razones, sorpresivamente no hace ninguna mención a los antecedentes de los concursantes, lo que echaría por tierra la carrera judicial, y además excluye el examen escrito que es la única forma que puede garantizar el anonimato a la hora de corregir la prueba”. Gallo Tagle había puesto en duda en mayo presiones a jueces por sus fallos durante el gobierno de Cambiemos, porque -sostuvo- “no hubo denuncias en su momento”.

En tanto, el titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Alberto Seijas, advirtió que el proyecto podría “dejar a jueces sin materia a tratar”. En ese sentido, comentó que “en la actualidad estamos llegando casi a 100 magistrados y, en definitiva, (si el proyecto avanza) el servicio de justicia quedaría en manos de menos del 50% de los jueces que conforman su dotación”.

Seijas, subrayó que este fuero trata “los delitos que afectan a la ciudadanía en general” como “homicidios, femicidios, abusos sexuales, violencia familiar, fraudes, extorsiones, hurtos. Delitos que, en definitiva, no va a estar en condiciones de afrontar en esta etapa”.

“Las competencias son transferibles, pero los magistrados no. El Estado Nacional no puede privar de competencias a sus jueces. La ley tiene que prever o mantener su competencia actual, o darles otra competencia, porque si no estaría dejando a jueces a sin materia a tratar”, añadió.

En la comisión, también expusieron el presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) Emanuel Desojo – La Plata-Berisso-Ensenada, el abogado magíster Alberto Garay, el abogado especialista en asuntos penales Marcos Salt, Alfredo Vítolo, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) y Raúl Heredia, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

La reunión conjunta de las comisiones que presiden los senadores kirchneristas María de Los Angeles Sacnun y Oscar Parrilli, pasó a un cuarto intermedio para el martes próximo a las 14 horas. Como adelantó Tiempo, el proyecto se debatirá dos días de la semana por un mes y participarán especialistas que son propuestos por los legisladores del oficialismo y la oposición.